La Audiencia Nacional ha condenado a penas de cárcel e inhabilitación a los tres militares a los que Federico Trillo envió a identificar los cadáveres de los 62 militares españoles muertos en el accidente del yakolev 42 en Turquía. El juez considera probado que el general Vicente Navarro falseó adrede las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos y lo condena a tres años de cárcel y a 18 meses a sus colaboradores, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, como cómplices.
El tribunal, según el fallo, no puede pronunciarse "sobre la conducta de personas no acusadas", en referencia a Federico Trillo, que en 2003 era Ministro de Defensa, máximo responsable del operativo desplegado para recuperar los cuerpos, identificarlos correctamente y traerlos a España. Tras la sentencia condenatoria, que prueba cómo se falsearon los datos y se aligeró el proceso para celebrar los funerales cuanto antes por orden del Gobierno, Trillo rechazó ayer asumir ninguna responsabilidad y se limitó a "Respetar, aunque no lo comparta" el fallo del tribunal. Tras la sentencia condenatoria y su contumacia en el error de no acatar hechos probados, Trillo se encuentra inhabilitado moral y políticamente ante la sociedad española.
El Partido Popular debiera revisar con urgencia si puede permitirse el lujo de tener un referente en asuntos jurídicos abrasado por la condena de sus subordinados, con los que ni siquiera ha tenido un mínimo gesto de solidaridad durante el juicio pese a defender ahora que obraron "de buena fe". Hasta los propios diputados del PP se podrán cuestionar en voz baja la idoneidad de que Trillo defienda en público a su partido en asuntos judiciales tras la condena al proceder del Ministerio cuando era su máximo responsable. Rajoy sabrá lo que hace, pero la sentencia, agravada por la actitud de Trillo de desentenderse de ella, no aguanta la lógica más elemental. Su situación es, sencillamente, insostenible.
