La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia por estafa interpuesta por siete empresas subcontratistas que ejecutaron diversos trabajos en la construcción de la promoción Isbylia de 583 VPO en Sevilla Este y que se dirige contra la cúpula de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), directivos de la empresa constructora Dolmen y varios testaferros.
Según recoge el auto, notificado a fecha del pasado 21 de octubre, la juez considera que los hechos expuestos por los denunciantes presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que ha decidido incoar diligencias previas y dar traslado al Ministerio Fiscal.
EDUARDO ABAD / EFE
Los siete empresarios dirigen la denuncia por un presunto delito continuado de estafa contra el presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero; su secretario general, Antonio Carrillo; el presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales de la patronal, Juan Miguel Salas Tornero; el presidente de Dolmen, Juan Manuel Sanz Marín; el consejero delegado de Dolmen, Antonio González Lara; Alejandro Cotta de Torres, abogado del departamento jurídico de Dolmen; Antonio Ibáñez García, apoderado de varias empresas que actuaban de contratistas; y Francisco Ramas Varo.
Según recoge la denuncia, esas siete empresas a las que se sumará otra quincena de proveedores con pagos pendientes realizó trabajos que no cobraron por un importe conjunto de 591.643,69 euros. La demanda penal se dirige contra la cúpula de la CEA puesto que las 583 VPO de Sevilla Este que debían haberse entregado en 2010 pero a que fecha de hoy aún no están terminadas eran promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, una entidad vinculada a la patronal CEA, y contra los directivos de Dolmen Consulting, que era la empresa encargada de las obras.
En su relato de los hechos, los empresarios denuncian que actuaron de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario.
Fuentes de los denunciantes explicaron ayer que la factura pendiente de la fundación de la CEA y Dolmen con proveedores roza los tres millones de euros, cantidad que hay que sumar a los 9,5 millones de euros que los adjudicatarios entregaron como anticipo de la compra, y a los 1,7 millones de subvención que recibieron de la Junta. Unas cantidades que, junto con el crédito de 50 millones de Caja Madrid y luego Bankia, no cuadran con el valor de la obra actual entre 36 y 38 millones y no explican por qué no se terminaron las viviendas y qué pasó con ese dinero.
Es la propia CEA la que ha arruinado a los que realmente somos empresarios, señala uno de los demandantes, que pone en cuestión los métodos para subcontratar utilizados por la Fundación y por Dolmen, que usaba a dos empresas de su grupo, Dosevi y CYR, actualmente insolventes al igual que Dolmen, para contratar con pequeñas empresas con las que habitualmente trabajaba con la promesa de que con la construcción de estas viviendas les pagarían las cantidades debidas por la ejecución de otras promociones y, en caso de no aceptar el trabajo ofrecido, el pago de lo debido no se haría efectivo, una circunstancia que se hizo, reza la denuncia, a sabiendas de que no había disponibilidad de dinero pese al crédito hipotecario y al anticipo de los compradores.
Además, la Fundación y Dolmen les remitieron unos borradores con un reconocimiento de la deuda pendiente a cargo de una subvención de la Junta que aún no habían cobrado, aunque se imponía la condición de seguir trabajando, y que no fueron aceptados por los demandantes.
La denuncia, que pone de manifiesto que los denunciados tienen en común que pertenecen a la Sicav de la CEA Cartera Andaluza, se conoce después de que la Sareb o banco malo haya trasladado a la Fiscalía posibles irregularidades en la gestión de esta promoción de viviendas, en la que ha constatado un desfase de entre 12 y 14 millones de fondos sin justificar del crédito hipotecario.
Pero no se trata del único frente judicial abierto. Desde la Asociación de Vecinos Isbylia 583 VPO se han interpuesto varias demandas, una penal que aún no ha sido admitida, y dos actuaciones por la vía civil, una de reclamación de cantidad (unos cien renunciantes de viviendas) contra la promotora y la aseguradora y otra por daños y perjuicios contra la promotora, que lleva el Juzgado de Instrucción 12. Hay otros 25 adjudicatarios que reclaman por vía ejecutiva a la aseguradora el dinero aportado.
La Fundación niega negligencia y culpa a Dolmen del descuadre La Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y promotora de las VPO de Sevilla Este, negó ayer haber actuado negligentemente, tal y como le acusa la Sareb o banco malo, y atribuyó a la grave crisis de Dolmen y al retraso sobrevenido de las obras los desfases presupuestarios que han sido denunciados ante la Fiscalía.
Así, esta entidad indicó ayer que esos descuadres se vieron agravados por el abandono de la obra de Dosevi y CYR, que supuso contratar a nuevas empresas con el sobrecoste que ello supone. Además, la Fundación aseguró que fue en octubre cuando Bankia le instó a firmar una póliza de crédito de 6 millones para acabar la obra, pero que no prestó un aval a una operación sobre la que no iba a tener ninguna capacidad de dirección.
