La titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, está dispuesta a llegar hasta el final en el caso Mercasevilla. La magistrada ya tiene dos líneas de investigación abierta -por el presunto cobro de comisiones ilegales y por el supuesto acuerdo en el concurso público para la venta del suelo- a las que se suma ahora otra causa por las presuntas irregularidades en la gestión de la entidad, con una deuda de 12 millones de euros.
La juez ha dictado un auto en el que admite una querella presentada por el PP y otra de Mercasevilla y de su Fundación, que fue rechazada hace unos meses porque se presentó antes de que la auditoría que detectó las irregularidades fuera entregada al juzgado. Ahora Alaya la ha admitido, imputando al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y a su adjunto Daniel Ponce por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, de fraude y exacciones ilegales, un delito societario en su doble modalidad de falsedad en las cuentas anuales y de administración desleal y apropiación indebida. Los mismos que le imputa a la directora económica-financiera, Pilar Giraldo.
Por ahora, la juez sólo ha aceptado imputar a estas tres personas por la "amalgama de hechos" que han llevado a una "gestión desleal", rechazando la imputación del primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos; del ex concejal Gonzalo Crespo; del actual director de Mercasevilla, Juan Carlos Recio; así como los altos cargos de Mercasa Ángel Gil Pascual y José Ignacio Fernández Estellés; la trabajadora de Mercasevilla Regla Pereira y a José Marín Barquín Lagar.
El ERE, bajo sospecha. En el auto, de 18 folios, la magistrada ordena a la Unidad de la Policía Judicial adscrita a los juzgados que investigue una veintena de posibles hechos delictivos y que llevaron a la empresa al borde de la quiebra y reclama a la Agencia Tributaria que nombre a un perito para la elaboración de un informe pericial económico. Lo primero que reclama son todos los libros de cuentas, inventarios, actas, préstamos y convenios, entre otros, de Mercasevilla y su Fundación desde la llegada de Mellet en 2002 hasta su marcha en febrero de 2009.
La juez incluso ordena a la Policía que le entregue toda la documentación relativa al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) abierto en la empresa en 2007. Pero no sólo eso, la magistrada también quiere averiguar hasta qué punto la Consejería de Empleo garantizó el pago de los más de nueve millones de euros que supone el mismo, por lo que pide que "se interese a la Junta de Andalucía información sobre la realidad del compromiso de pago", que hasta ahora Empleo ha negado.
El auto también solicita que se investiguen todas las posibles irregularidades que ya han sido publicadas en la prensa tras destaparse el caso. La investigación analizará todos los pagos que la dirección realizó con la tarjeta VISA de la empresa en 2007, 2008 y 2009 y el pago de 11.417 euros a Ponce como "gastos de viaje". Además, también se va a indagar la legalidad de una beca a la hija del presidente de los mayoristas de pescado otorgada por la fundación.
La magistrada recuerda en el auto "las graves anomalías contables" que detectó la auditoría realizada por Deloitte sobre los estados financieros de la entidad a fecha 30 de abril de 2009 (vuelve a recordar que esperaba en su lugar una auditoría de gestión, mucho más amplia) y se pregunta cómo la anterior empresa auditora, Price Waterhouse Coopers, no detectó dichos errores, sino que incluso mostraba un beneficio de 258.024 euros. Por ello, insta al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que informe "de la posible responsabilidad" en que podría haber incurrido la auditora. Por último, la juez también va a investigar los pagos a varias empresas asesoras, el reparto de beneficios y los 256.624 euros entregados como premio extraordinario a nueve jubilados.
Los prejubilados cobran con créditos mensuales
Los 40 trabajadores de Mercasevilla prejubilados en el ERE de 2007 cobran sus prestaciones con "contratos de préstamo" mensuales que esta entidad les hace firmar para percibir sus nóminas en concepto de "préstamo", bajo un compromiso de reintegro del importe y sin que suponga un "reconocimiento" de derechos adquiridos, según reveló ayer el grupo popular, que consideró "aberrante y humillante" esta práctica.
El concejal del PP y consejero de la sociedad Beltrán Pérez expuso una copia de uno de los "contratos de préstamo" que, según dijo, ha diseñado la empresa para ingresar a los prejubilados sus prestaciones en concepto de "préstamos" mensuales. En el documento facilitado por el PP, figura la firma del nuevo director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, y se relata que la póliza suscrita por la empresa y el Banco Vitalicio confiaba el pago de las nóminas correspondientes a las pre- jubilaciones del ERE de 2007 "proporcionalmente" a la propia compañía y a la Consejería de Empleo, "tal como se hizo en el anterior expediente de regulación de empleo de 2003". La Consejería de Empleo niega su participación en la financiación de estas prestaciones, cuyo coste supera los nueve millones y supone la principal losa económica de la sociedad mixta.
