La juez Mercedes Alaya también dio ayer por cerrada la investigación por la causa abierta por las comisiones ilegales en Mercasevilla, que fue la que originó que luego se detectarán el resto de supuestas irregularidades.
En una providencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 emplaza a las acusaciones (Fiscalía, PP, PSOE y PA) para que soliciten la apertura de juicio oral y los escritos de calificación contra los imputados en esta rama que crean oportuno. La magistrada ha procesado por cohecho al exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce y a la trabajadora de la lonja Regla Pereira. Las acusaciones tendrán que decidir ahora qué delitos le imputan a cada uno de ellos y si finalmente solicitan sentar a todos en el banquillo, para lo que tienen un plazo de cinco días.
El caso se destapó porque los empresarios de la Raza grabaron una conversación en la que Mellet y Ponce supuestamente les pedían una comisión de 300.000 euros (más otros 150.000 para la instalación eléctrica) si querían hacerse con la gestión de una escuela de hostelería en la lonja, un proyecto que había recibido una subvención de 900.000 euros por parte de la Junta, que nunca se llegó a cobrar.
Fue la Consejería de Empleo la que entregó la grabación a la Fiscalía. Posteriormente, el PP presentó un querella que obligó a la fiscal jefe, María José Segarra, a trasladar la denuncia a la juez. En este sentido, Segarra, defendió ayer su actuación en el caso ante las críticas recibidas por el PP. En un comunicado aseguró que la magistrada "ha seguido la línea de investigación que ya fuera iniciada por el Ministerio Fiscal", y que "ha ampliado en base a la documentación que había sido previamente pedida y que fue incorporada a la causa".
En su declaración policial, Mellet y Ponce dijeron que pidieron el dinero por orden de Rivas, aunque luego no lo han ratificado ante la juez.
