La juez de los ERE ha accedido a realizar un peritaje del emblemático restaurante Río Grande de Sevilla, situado en la calle Betis, a orillas del Guadalquivir, que ha sido embargado para cubrir la fianza de su dueña aunque ella alega que su valor "supera el doble de la cantidad a afianzar".
La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, no accede a suspender el proceso de embargo pero sí a realizar un peritaje, que será cargado a la imputada, sobre las fincas embargadas.
El juzgado de instrucción 6, en un decreto de su secretaria, acordó embargar a la entidad Río Grande puesto que su propietaria y administradora única, María del Carmen García Sánchez, está imputada en la causa por los dos "intrusos" aparecidos en el ERE de su empresa, en la que se prejubilaron 13 personas.
La juez impuso una fianza civil de 1.990.689 euros a la dueña del restaurante porque la hizo responsable del total de la prima abonada por la Junta para el ERE de su empresa y no solo de los dos "intrusos".
Ante la falta de designación de bienes para hacer frente a dicha cantidad, el juzgado acordó embargar el propio solar de la dársena del puerto de Sevilla donde se ubica el restaurante y otra finca situada en esa misma zona de la calle Betis pero en sus números pares, así como un piso de su propiedad en Arévalo (Ávila).
La empresaria argumentó que los bienes "superan como mucho el doble de la cantidad a afianzar" y por ello solicitó que se hiciera una tasación judicial de las fincas embargadas para verificar la suficiencia del embargo.
