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La juez de Mercasevilla tomará declaración a Mellet y declara "reservado" el patrimonio de imputados

el 07 abr 2010 / 14:54 h.

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La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya  Rodríguez,  ha acordado tomar declaración como imputado al ex  director general de Mercasevilla Fernando Mellet, tal y como había  solicitado su letrado, todo ello dentro de la investigación por la  supuesta venta irregular de los suelos del merca a Sanma --filial de  Sando-- a pesar de contar con una oferta superior del Grupo Noga,  mientras que ha declarado "reservada" la información patrimonial de  los imputados en esta causa.   

En un auto fechado el 31 de marzo de 2010, al que ha tenido acceso  Europa Press, la juez Alaya acuerda la nueva declaración de Mellet,  aunque no señala hora y día, mientras que el día 5 de mayo, a partir  de las 10,30 horas, cita como testigo a Florencio Ramírez Castro,  abogado del dueño de Larena 98, Antonio Pardal Reyes, lo que lleva a  la juez a dejar sin efecto la declaración como imputado que ese mismo  día iba a prestar el ex directivo del merca Daniel Ponce, quedando  por tanto pendiente para señalar nuevo día y hora.

En este mismo auto, acuerda librar oficio a Sevillana-Endesa para  que remita sendos informes sobre si sobre parte de las parcelas  objetos del derecho de superficie --primero de Larena 98 y luego de  Sanma-- y ubicadas en el merca existía una línea de alta tensión  propiedad de Sevillana, "que debía ser soterrada si se pretendía  edificar en ellas", así como "si este problema sigue existiendo y, si  no fuera así, cuándo fue solventado y cuál era el presupuesto para el  soterramiento de dicha línea".  

Al hilo de ello, requiere a la compañía eléctrica para que informe  si las referidas parcelas, "en las que se han construido 14 naves  industriales y un edificio de oficinas, tienen el correspondiente  suministro eléctrico, con la potencia requerida y desde qué fecha",  y, "si no contaron con el referido suministro, indicación de los  motivos por los que dichas parcelas puedan haber carecido del mismo".  



REQUERIMIENTOS A SEVILLANA-ENDESA

Además, la juez pide a Sevillana-Endesa que informe sobre "si han  solicitado suministro eléctrico específico para la ejecución de obras  de construcción en dichas parcelas y por quién; y si finalizada la  construcción de las naves y oficinas se ha pedido y contratado dicho  suministro adecuado al uso de los referidos inmuebles".  

De otro lado, requiere a Mercasevilla para que aporte los  certificados de la obra civil realizada por Electroamsa derivadas del  contrato de 24 de octubre de 2008; un informe acerca de si ha  realizado los trabajos de extensión presupuestados por Sevillana en  74.474,69 euros y documentación acreditativa de su abono, así como  que "explique por qué en el proyecto en virtud del cual se estaban  realizando dichas obras figura un presupuesto de obra de 6.662 euros,  cuando se incorporó al contrato con Electroamsa un presupuesto por  importe de 84.100 euros para la obra civil".  

Asimismo, solicita librar oficio al secretario del Ayuntamiento de  Sevilla para que remita una copia compulsada de los plenos  municipales de 14 de junio de 2004 y 14 de julio de 2005, "en los que  se aprobaron inicial y provisionalmente el vigente PGOU", así como el  acta del pleno en la que se aprobó dicho plan de manera definitiva y  un informe con el organigrama de la Gerencia Municipal de Urbanismo,  sus órganos de gobierno, sus cargos o miembros y la jerarquía de  mando.

De igual modo, y en otro auto fechado a 30 de marzo, la juez Alaya  hace referencia a la "importante" repercusión mediática de la causa  y, aunque reconoce que el artículo 232.1 de la Ley Orgánica del Poder  Judicial establece que las actuaciones judiciales serán públicas,  dice que "de conformidad con el punto 2 del mismo artículo procede  limitar el ámbito de publicidad y proteger el derecho a la intimidad  en cuanto a la información patrimonial de los imputados",  incorporándose la misma a pieza separada "a fin de proteger el  carácter reservado de la misma". Por ello, declara el carácter  reservado de la información patrimonial relativa a todos los  imputados.

NO ACEPTA LA DECLARACION DEL CONSEJERO DE EMPLEO

Por otro lado, y dentro de la causa abierta por el presunto  intento de cobro de comisiones a dos empresarios del Grupo La Raza,  la juez acepta en otro auto la prueba solicitada por la  representación jurídica del PP al objeto de tomar declaración como  testigo al director del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía,  Francisco del Río Muñoz, quien acudirá a los juzgados el próximo día  14 de mayo a las 10,30 horas, aunque rechaza tomar declaración como  testigo al ex consejero de Empleo Antonio Fernández.  

En este sentido, acuerda dar traslado de la documentación aportada  por la Policía Judicial relativa al expediente de información  reservada instruido por el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá,  en relación a la concesión de la subvención "excepcional" de 900.000  euros a la Fundación Mercasevilla para la edificación de una escuela  de hostelería.  

En este expediente --incoado el 12 de febrero de 2009--, Barberá  acuerda requerir copia "íntegra" del expediente, y la "inmediata"  paralización de los expedientes administrativos a favor de la  Fundación Mercasevilla y, en su caso, de la Asociación Empresarial de  Hostelería de Sevilla, poniendo el 16 de febrero en conocimiento de  la Fiscalía los hechos, al entender que los mismos "pudieran ser  constitutivos de algún ilícito penal". Esto último llevó a que  Barberá suspendiera el procedimiento de información reservada.  

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