La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, ha acordado tomar declaración como imputado al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, tal y como había solicitado su letrado, todo ello dentro de la investigación por la supuesta venta irregular de los suelos del merca a Sanma --filial de Sando-- a pesar de contar con una oferta superior del Grupo Noga, mientras que ha declarado "reservada" la información patrimonial de los imputados en esta causa.
En un auto fechado el 31 de marzo de 2010, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya acuerda la nueva declaración de Mellet, aunque no señala hora y día, mientras que el día 5 de mayo, a partir de las 10,30 horas, cita como testigo a Florencio Ramírez Castro, abogado del dueño de Larena 98, Antonio Pardal Reyes, lo que lleva a la juez a dejar sin efecto la declaración como imputado que ese mismo día iba a prestar el ex directivo del merca Daniel Ponce, quedando por tanto pendiente para señalar nuevo día y hora.
En este mismo auto, acuerda librar oficio a Sevillana-Endesa para que remita sendos informes sobre si sobre parte de las parcelas objetos del derecho de superficie --primero de Larena 98 y luego de Sanma-- y ubicadas en el merca existía una línea de alta tensión propiedad de Sevillana, "que debía ser soterrada si se pretendía edificar en ellas", así como "si este problema sigue existiendo y, si no fuera así, cuándo fue solventado y cuál era el presupuesto para el soterramiento de dicha línea".
Al hilo de ello, requiere a la compañía eléctrica para que informe si las referidas parcelas, "en las que se han construido 14 naves industriales y un edificio de oficinas, tienen el correspondiente suministro eléctrico, con la potencia requerida y desde qué fecha", y, "si no contaron con el referido suministro, indicación de los motivos por los que dichas parcelas puedan haber carecido del mismo".
REQUERIMIENTOS A SEVILLANA-ENDESA
Además, la juez pide a Sevillana-Endesa que informe sobre "si han solicitado suministro eléctrico específico para la ejecución de obras de construcción en dichas parcelas y por quién; y si finalizada la construcción de las naves y oficinas se ha pedido y contratado dicho suministro adecuado al uso de los referidos inmuebles".
De otro lado, requiere a Mercasevilla para que aporte los certificados de la obra civil realizada por Electroamsa derivadas del contrato de 24 de octubre de 2008; un informe acerca de si ha realizado los trabajos de extensión presupuestados por Sevillana en 74.474,69 euros y documentación acreditativa de su abono, así como que "explique por qué en el proyecto en virtud del cual se estaban realizando dichas obras figura un presupuesto de obra de 6.662 euros, cuando se incorporó al contrato con Electroamsa un presupuesto por importe de 84.100 euros para la obra civil".
Asimismo, solicita librar oficio al secretario del Ayuntamiento de Sevilla para que remita una copia compulsada de los plenos municipales de 14 de junio de 2004 y 14 de julio de 2005, "en los que se aprobaron inicial y provisionalmente el vigente PGOU", así como el acta del pleno en la que se aprobó dicho plan de manera definitiva y un informe con el organigrama de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sus órganos de gobierno, sus cargos o miembros y la jerarquía de mando.
De igual modo, y en otro auto fechado a 30 de marzo, la juez Alaya hace referencia a la "importante" repercusión mediática de la causa y, aunque reconoce que el artículo 232.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las actuaciones judiciales serán públicas, dice que "de conformidad con el punto 2 del mismo artículo procede limitar el ámbito de publicidad y proteger el derecho a la intimidad en cuanto a la información patrimonial de los imputados", incorporándose la misma a pieza separada "a fin de proteger el carácter reservado de la misma". Por ello, declara el carácter reservado de la información patrimonial relativa a todos los imputados.
NO ACEPTA LA DECLARACION DEL CONSEJERO DE EMPLEO
Por otro lado, y dentro de la causa abierta por el presunto intento de cobro de comisiones a dos empresarios del Grupo La Raza, la juez acepta en otro auto la prueba solicitada por la representación jurídica del PP al objeto de tomar declaración como testigo al director del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, Francisco del Río Muñoz, quien acudirá a los juzgados el próximo día 14 de mayo a las 10,30 horas, aunque rechaza tomar declaración como testigo al ex consejero de Empleo Antonio Fernández.
En este sentido, acuerda dar traslado de la documentación aportada por la Policía Judicial relativa al expediente de información reservada instruido por el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, en relación a la concesión de la subvención "excepcional" de 900.000 euros a la Fundación Mercasevilla para la edificación de una escuela de hostelería.
En este expediente --incoado el 12 de febrero de 2009--, Barberá acuerda requerir copia "íntegra" del expediente, y la "inmediata" paralización de los expedientes administrativos a favor de la Fundación Mercasevilla y, en su caso, de la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla, poniendo el 16 de febrero en conocimiento de la Fiscalía los hechos, al entender que los mismos "pudieran ser constitutivos de algún ilícito penal". Esto último llevó a que Barberá suspendiera el procedimiento de información reservada.
