El peliagudo asunto de la presunta compra del paquete mayoritario de acciones de Manuel Ruiz de Lopera se cobró un nuevo capítulo. Un nuevo auto de la jueza Mercedes Ayala no atiende la petición de la fiscalía de no investigar a Bsport, mientras que el Consejo Superior de Deportes sigue a la espera de noticias suyas.
La noticia del nuevo auto de la juez Mercedes Ayala, titular del juzgado número 6 de Sevilla, que instruye el proceso a Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario al frente del Betis y apropiación indebida en la gestión del club, por el que desestima íntegramente el recurso de reforma interpuesto por la Fiscalía de Sevilla para que no se investigue a Betis Sport dentro de este presunto delito, ha sentado de forma diferente según sena los implicados las plataformas opositoras o el propio club.
En el citado auto, Ayala considera necesario investigar tanto a Patrimonial SL (empresa que presuntamente administra los bienes del Betis) como a Betis Sport, aduciendo en este último caso que "no sólo es sorprendente que la misma, con un capital social de 3.000,8 euros, haya llegado a un acuerdo con la familia Ruiz Ávalos, accionista mayoritario del Real Betis, para comprar las acciones del club, sino que Lopera vaya a continuar como consejero delegado del club".
La noticia de este auto fue recibida como triunfo por las plataformas opositoras a la gestión de Lopera, entendiendo éstas que el auto demuestra que la juez no cree en la solvencia del presunto grupo comprador y sobre todo que el proceso de venta no es más que una nueva operación cosmética de Lopera, que seguiría dominando el club a pesar del trasvase de sus acciones. De hecho, el auto de la juez concluye afirmando que "se puede llegar a la sospecha de que las acciones de Farusa, ante la posibilidad de gestión con Betis Sport SL pudieran cambiar de manera incidiaria formalmente de mano, pero no de dueño".
En el club, fue el consejero Manuel Castaño el que se refirió al asunto afirmado que "en primer lugar quiero destacar que el Betis no es parte de este proceso y me parece que no debe estar la cosa muy clara en el mismo cuando después de once meses el señor Lopera ni siquiera ha sido llamado a declarar".
Castaño añadió también que a partir de la recepción de este auto, el señor Lopera como parte implicada tiene cinco días para presentar un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Sevilla.
En uno de los extractos del auto, la juez aclara también que el Consejo Superior de Deportes suspende el procedimiento sobre la autorización de la transmisión de las acciones.
Este diario se puso en contacto con fuentes del CSD, quienes destacaron que "ante la falta de respuesta a la petición del CSD a Bsport de cierta documentación, este organismo ha decidido suspender el plazo que marca la ley de tres meses para responder a la autorización del trasvase de acciones. Plazo que empezó a correr desde que se recibió del Betis la noticia de que el club iba a cambiar de accionista mayoritario".
Lo que no quiere el CSD es que se tome la callada como respuesta afirmativa del organismo, aunque sí se afirmó a este diario que "si se recibe la documentación requerida, pues se volvería a analizar el caso".
En el Betis se entiende que el único requisito que los miembros de Bsport deben ofrecer al CSD es que no poseen más del 5% de otra sociedad anónima deportiva. En la oposición argumentan que son más los requisitos solicitados por este organismo.
