Cuatro contratos por un importe de más de 30.000 euros concedidos por distritos gestionados por IU a un primo del ex delegado de Juventud y Deportes Francisco Manuel Silva sitúan al ex concejal ante una posible pena de inhabilitación para cargo público de siete a diez años por un delito de prevaricación. El ex edil, quien dimitió en septiembre de 2008, declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción número 19 que admitió a trámite la denuncia interpuesta por el PP en 2008, aunque limitó sensiblemente el número de delitos que se pueden detectar en los expedientes. Descartó así la magistrada la malversación de fondos, el tráfico de influencias, fraude en la contratación y usurpación de funciones.
La denuncia del PP parte de unos hechos difundidos públicamente por la oposición durante este mandato. Entre 2007 y 2008 advirtieron de la existencia de decenas de contratos de todas las delegaciones de IU con la firma Arecon Eventos, gestionada por David Domínguez Silva, primo segundo del ex concejal. De éstos, cuatro, dos del distrito Bellavista y uno del Casco Antiguo, fueron denunciados por vía penal.
Silva defendió ayer su actuación con una declaración en la que negó tener un vínculo con su primo segundo, contratado por el IMD. “No mantengo ninguna relación con mi familia paterna a raíz del divorcio de mis padres y no tengo una relación personal con él”, apuntó el edil quien admitió que su primo segundo fue contratado como cargo de libre designación por el IMD y que fue en su séquito de la cabalgata de Reyes sin que él lo supiera.
El fiscal hizo especial hincapié en los contratos realizados por el distrito Bellavista y firmados por él, especialmente la organización de la Velá –por más de 27.000 euros– adjudicada a la firma Arecón. Silva sustituyó en estos contratos a Josefa Medrano, sin que le correspondiera según la denuncia del PP. El ex edil presentó en su defensa una resolución que le otorgaba las competencias en ausencia del resto de miembros de su grupo.
Tanto este como los otros tres contratos contaban con informes contrarios del viceinterventor, como subrayaron tanto el fiscal como el PP. Silva, quien admitió conocer al menos algunos de estos informes antes de las adjudicaciones, lo enmarcó dentro de la normalidad y alegó que con regularidad se realizaban contratos con informes contrarios. “Eran habituales estas observaciones porque el viceinterventor consideraba que estos expedientes se debían tramitar por la Ley de Subvenciones y no por la de contratos, y esa no era mi opinión ni la de otros funcionarios”, argumentó en referencia al contrato de la Velá en el que según su declaración siguió el criterio marcado por una jefa de sección. En otro de los expedientes, el encuentro Avance, adjudicado por el distrito Centro por 1.565 euros, Silva relató una forma de actuar que consideró habitual: “Es frecuente que para que la actividad se pueda desarrollar se proceda a aprobar el gasto subsanándose después el defecto que se señale por el viceinterventor. En este caso, el defecto era subsanable y por eso se firmó la resolución enviándose después un documento al interventor para aprobar el gasto a posteriori”.
Silva negó así un trato de favor a su primo segundo: “Es cierto que fue adjudicatario de otros contratos, además de los que figuran en la denuncia, pero Arecón presentaba sus ofertas en los contratos que sacaba la administración local y se le adjudicaban si su oferta era la mejor. Nunca intervine ni en la adjudicación ni en los trámites”.
Estas contrataciones fueron de los motivos de su dimisión en 2008, aunque sigue como dirigente del PCA. Ayer, los focos se volvieron a centrar en él: “He venido con la cabeza bien alta, la conciencia clara y la intención de responder a todo”, señaló tras concluir su declaración.
