La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, considera que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las lamentables consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de las comunidad autónoma andaluza por el despilfarro continuado de fondos públicos", y todo ello "por la absoluta falta de control, autorizada, conocida y consentida" por el imputado.
Así lo afirma la juez en el auto de prisión, de 77 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que justifica su decisión al entender que el imputado podría entorpecer la instrucción de la causa y que hay riesgo de fuga, pues "pese a tener suficiente arraigo familiar y laboral, la gravedad" de los delitos y las penas "y los importantes indicios" existentes "podrían generar el más que lógico temor ante una eventual condena, riesgo que no se evitaría por dicho arraigo", pues al exconsejero, "dados los importantes cargos públicos que ha desempeñado, se le supone suficiente capacidad económica para dicha evasión".
La juez considera que "existen indicios importantes en la causa de la comisión de hechos delictivos de especial gravedad", ya que "presuntamente" el exconsejero, además de "idear y elaborar" el convenio marco de 2001 que reguló las ayudas investigadas, fue quien "ordenó las directrices para la aplicación" del mismo, las cuales "impartió" en su propio despacho al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
"Estas directrices no se amparaban en normativa estatal ni de desarrollo reglamentario por parte de la Junta" sino que "eran criterios verbales que se manejaban en la Consejería y que sólo lo sabían las personas o cargos más cercanos a la Administración, de ahí que los beneficiarios tuvieran que tener estrecha relación con ellos", señala la juez, que justifica que la imputación de Fernández "se basa especialmente en el mantenimiento del procedimiento específico, en connivencia con otros, una vez conocidas por el inculpado las graves consecuencias que el mismo generaba en virtud" del informe de la Intervención General.
Tras subrayar que "la política no puede ir contra la Ley y el Derecho, aunque sea avalada por los servicios técnicos y jurídicos de la Junta", la instructora dice que investigará "si en el asesoramiento que pudo recibir Fernández en toda su etapa como consejero por los servicios jurídicos" en relación al convenio marco "hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos".
A juicio de la magistrada, "que se trate de una implantación normalizada en el proceder de la Junta durante diez años no quiere decir que el procedimiento derivado del convenio sea conforme a Derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se haya podido olvidar el cumplimiento de la Ley", añadiendo que el abogado de Fernández "ha reconocido las excepciones y abusos más que aparentemente producidos" al amparo del convenio, "que podrían ser constitutivos de delito".
1.131 AYUDAS POR VALOR DE 477 MILLONES
Según la instructora, "resulta difícil de creer que Fernández, como consejero y viceconsejero, no tenía el grado de conocimiento suficiente, siendo además formado en derecho, para adivinar la pregunta ilegalidad del procedimiento". Todo ello "sirve para justificar la presunta comisión de los delitos continuados de prevaricación por su actuación de absoluto desprecio al Derecho prolongada en el tiempo y de malversación continuada por consentir en virtud de dicha actuación que terceros hayan dispuesto ilegítimamente de fondos públicos".
La magistrada pone de manifiesto que, durante el mandato de Fernández como viceconsejero y como consejero se concedieron en aplicación de este convenio 837 ayudas sociolaborales por valor de 395 millones y 294 ayudas directas a empresas por importe de 82 millones, las cuales "fueron otorgadas en su mayoría" por Guerrero y, "en menor medida", por su sucesor, Juan Márquez, "consintiendo el imputado, de manera indiciaria, la total y absoluta falta de competencia de aquellos para dichas concesiones".
"De forma medida e intencionada, Fernández participaría en la ideación del convenio marco para dotar a la Consejería de un instrumento con el que poder seguir concediendo ayudas públicas discrecionales", añade la magistrada, que subraya que "el diseño de este instrumento pretendería institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad" en la concesión de las ayudas "y, por ende, permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los fondos públicos".
AYUDAS "REGALADAS" A PERSONAS "PROXIMAS" A JUNTA Y PSOE
Así, "y al no existir controles y estar las ayudas huérfanas del procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas cuyos privilegios procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la Junta y del PSOE andaluz", señala la juez, que imputa al exconsejero haber "omitido burdamente la normativa estatal y autonómica" y de manera "clamorosa" la normativa comunitaria de obligado cumplimiento.
Además, "y con total despreocupación por el destino del dinero público", el exconsejero "no ordenaría ni supervisaría" que se comprobara el fin dado a las ayudas por parte de los beneficiarios, "lo cual se ha traducido en que una buena parte de estas subvenciones encubiertas se hayan utilizado para el enriquecimiento personal de sus perceptores", extremo del que "fue conocedor y consentidor" el imputado, "quien no iniciaría ninguna actuación para el reintegro de los fondos ilegalmente percibidos".
La magistrada subraya que el imputado "propició de forma indiciaria la concentración de un elevadísimo número de ayudas directas a empresas por la sola razón de que las mismas pertenecían al ámbito personal o político del PSOE andaluz", de forma que "permitió que se favoreciera desmesuradamente a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, consintiendo la utilización de fondos públicos por dichas motivaciones absolutamente ilegítimas en detrimento del resto de la comunidad".
"AGRAVIO COMPARATIVO"
Sobre este caso concreto, precisa que durante el periodo de Fernández como consejero el importe de las ayudas directas a la Sierra Norte ascendió a 51 millones, "tremendo agravio comparativo si contemplamos que para el resto de Andalucía las ayudas a empresas sólo importaron 30 millones", punto en el que asevera que el grupo de empresas más importante de la Sierra Norte que se vería favorecido por la "masiva y continuada" concesión de ayudas sería el controlado por los exconcejales socialistas de El Pedroso José Enrique Rosendo y José María Sayago, que recibieron 29 millones.
La juez hace un repaso por las ayudas concedidas a empresas que están siendo investigadas y dice que "constituyen la prueba evidente de que la ausencia de procedimiento y de la menor fiscalización del gasto y del pago, la concesión de la subvención en atención fundamentalmente a la persona que lo pedía y la ausencia de verificación del destino de las mismas conducía a un uso absolutamente descuidado y abusivo de los fondos públicos, del cual sería absolutamente corresponsable" el imputado, "siendo indiferente que parte del dinero de estas subvenciones se gastara en cocaína".
Señala la juez que "entre el largo elenco de personas a las que arbitrariamente se favoreció están el chófer de Guerrero y la suegra del exdirector general de Trabajo", aunque "esta lista de personas premiadas injustamente por acción u omisión por parte de Empleo se incrementará con muchos otros nombres".
En su auto, la juez ordena "evitar toda comunicación" de Fernández, trasladado a la cárcel de Morón, con Guerrero, interno en Sevilla-I.
