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La jueza achaca al exconsejero que su "dejación de funciones enriqueció a unos y empobreció las arcas públicas"

el 24 abr 2012 / 12:40 h.

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La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya,  considera que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "habría  hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían,  generando las lamentables consecuencias que se han producido de  enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las  arcas de las comunidad autónoma andaluza por el despilfarro  continuado de fondos públicos", y todo ello "por la absoluta falta de  control, autorizada, conocida y consentida" por el imputado.  

Así lo afirma la juez en el auto de prisión, de 77 páginas y al  que ha tenido acceso Europa Press, en el que justifica su decisión al  entender que el imputado podría entorpecer la instrucción de la causa  y que hay riesgo de fuga, pues "pese a tener suficiente arraigo  familiar y laboral, la gravedad" de los delitos y las penas "y los  importantes indicios" existentes "podrían generar el más que lógico  temor ante una eventual condena, riesgo que no se evitaría por dicho  arraigo", pues al exconsejero, "dados los importantes cargos públicos  que ha desempeñado, se le supone suficiente capacidad económica para  dicha evasión".  

La juez considera que "existen indicios importantes en la causa de  la comisión de hechos delictivos de especial gravedad", ya que  "presuntamente" el exconsejero, además de "idear y elaborar" el  convenio marco de 2001 que reguló las ayudas investigadas, fue quien  "ordenó las directrices para la aplicación" del mismo, las cuales  "impartió" en su propio despacho al exdirector general de Trabajo y  Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.  

"Estas directrices no se amparaban en normativa estatal ni de  desarrollo reglamentario por parte de la Junta" sino que "eran  criterios verbales que se manejaban en la Consejería y que sólo lo  sabían las personas o cargos más cercanos a la Administración, de ahí  que los beneficiarios tuvieran que tener estrecha relación con  ellos", señala la juez, que justifica que la imputación de Fernández  "se basa especialmente en el mantenimiento del procedimiento  específico, en connivencia con otros, una vez conocidas por el  inculpado las graves consecuencias que el mismo generaba en virtud"  del informe de la Intervención General.  

Tras subrayar que "la política no puede ir contra la Ley y el  Derecho, aunque sea avalada por los servicios técnicos y jurídicos de  la Junta", la instructora dice que investigará "si en el  asesoramiento que pudo recibir Fernández en toda su etapa como  consejero por los servicios jurídicos" en relación al convenio marco  "hubiesen prevalecido los criterios políticos sobre los jurídicos".  

A juicio de la magistrada, "que se trate de una implantación  normalizada en el proceder de la Junta durante diez años no quiere  decir que el procedimiento derivado del convenio sea conforme a  Derecho, pues lo verdaderamente grave es que durante tanto tiempo se  haya podido olvidar el cumplimiento de la Ley", añadiendo que el  abogado de Fernández "ha reconocido las excepciones y abusos más que  aparentemente producidos" al amparo del convenio, "que podrían ser  constitutivos de delito".  

1.131 AYUDAS POR VALOR DE 477 MILLONES


Según la instructora, "resulta difícil de creer que Fernández,  como consejero y viceconsejero, no tenía el grado de conocimiento  suficiente, siendo además formado en derecho, para adivinar la  pregunta ilegalidad del procedimiento". Todo ello "sirve para  justificar la presunta comisión de los delitos continuados de  prevaricación por su actuación de absoluto desprecio al Derecho  prolongada en el tiempo y de malversación continuada por consentir en  virtud de dicha actuación que terceros hayan dispuesto ilegítimamente  de fondos públicos".  

La magistrada pone de manifiesto que, durante el mandato de  Fernández como viceconsejero y como consejero se concedieron en  aplicación de este convenio 837 ayudas sociolaborales por valor de  395 millones y 294 ayudas directas a empresas por importe de 82  millones, las cuales "fueron otorgadas en su mayoría" por Guerrero y,  "en menor medida", por su sucesor, Juan Márquez, "consintiendo el  imputado, de manera indiciaria, la total y absoluta falta de  competencia de aquellos para dichas concesiones".  

"De forma medida e intencionada, Fernández participaría en la  ideación del convenio marco para dotar a la Consejería de un  instrumento con el que poder seguir concediendo ayudas públicas  discrecionales", añade la magistrada, que subraya que "el diseño de  este instrumento pretendería institucionalizar la arbitrariedad y la  discrecionalidad" en la concesión de las ayudas "y, por ende,  permitir un uso extraordinariamente abusivo en el manejo de los  fondos públicos".

AYUDAS "REGALADAS" A PERSONAS "PROXIMAS" A JUNTA Y PSOE

Así, "y al no existir controles y estar las ayudas huérfanas del  procedimiento legalmente exigible, podían regalarse las mismas  fraudulentamente a un extensísimo grupo de personas cuyos privilegios  procedían de ser personas o entidades próximas a los cargos de la  Junta y del PSOE andaluz", señala la juez, que imputa al exconsejero  haber "omitido burdamente la normativa estatal y autonómica" y de  manera "clamorosa" la normativa comunitaria de obligado cumplimiento. 

Además, "y con total despreocupación por el destino del dinero  público", el exconsejero "no ordenaría ni supervisaría" que se  comprobara el fin dado a las ayudas por parte de los beneficiarios,  "lo cual se ha traducido en que una buena parte de estas subvenciones  encubiertas se hayan utilizado para el enriquecimiento personal de  sus perceptores", extremo del que "fue conocedor y consentidor" el  imputado, "quien no iniciaría ninguna actuación para el reintegro de  los fondos ilegalmente percibidos".  

La magistrada subraya que el imputado "propició de forma  indiciaria la concentración de un elevadísimo número de ayudas  directas a empresas por la sola razón de que las mismas pertenecían  al ámbito personal o político del PSOE andaluz", de forma que  "permitió que se favoreciera desmesuradamente a empresarios de la  Sierra Norte de Sevilla, consintiendo la utilización de fondos  públicos por dichas motivaciones absolutamente ilegítimas en  detrimento del resto de la comunidad".  

"AGRAVIO COMPARATIVO"

Sobre este caso concreto, precisa que durante el periodo de  Fernández como consejero el importe de las ayudas directas a la  Sierra Norte ascendió a 51 millones, "tremendo agravio comparativo si  contemplamos que para el resto de Andalucía las ayudas a empresas  sólo importaron 30 millones", punto en el que asevera que el grupo de  empresas más importante de la Sierra Norte que se vería favorecido  por la "masiva y continuada" concesión de ayudas sería el controlado  por los exconcejales socialistas de El Pedroso José Enrique Rosendo y  José María Sayago, que recibieron 29 millones.  

La juez hace un repaso por las ayudas concedidas a empresas que  están siendo investigadas y dice que "constituyen la prueba evidente  de que la ausencia de procedimiento y de la menor fiscalización del  gasto y del pago, la concesión de la subvención en atención  fundamentalmente a la persona que lo pedía y la ausencia de  verificación del destino de las mismas conducía a un uso  absolutamente descuidado y abusivo de los fondos públicos, del cual  sería absolutamente corresponsable" el imputado, "siendo indiferente  que parte del dinero de estas subvenciones se gastara en cocaína".  

Señala la juez que "entre el largo elenco de personas a las que  arbitrariamente se favoreció están el chófer de Guerrero y la suegra  del exdirector general de Trabajo", aunque "esta lista de personas  premiadas injustamente por acción u omisión por parte de Empleo se  incrementará con muchos otros nombres".  

En su auto, la juez ordena "evitar toda comunicación" de  Fernández, trasladado a la cárcel de Morón, con Guerrero, interno en  Sevilla-I.  

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