Después de suspender el proceso de venta de las acciones de Farusa al grupo Bitton Sport y de elegir a Rafael Gordillo interventor de los derechos políticos de los títulos de Manuel Ruiz de Lopera, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, podría intervenir judicialmente el Betis en las próximas 48 horas.
La medida, anticipada por El Correo y que ha sorprendido a la propia oposición, supondría la disolución cautelar del consejo de administración, Luis Oliver y Ángel Vergara, los nuevos propietarios, serían inhabilitados en sus funciones político-administrativas y se crearía la figura del administrador judicial, que sería el elegido para asesorar a Gordillo en caso de que el del Polígono acepte la designación de Alaya.
Si Mercedes Alaya interviene judicialmente el Betis, la primera medida que adoptaría el administrador judicial, según contempla la legislación vigente, sería convocar una Junta General Extraordinaria para elegir un nuevo consejo de administración.
En el órgano de poder podrían ser elegidos legalmente los accionistas de base y los antiguos consejeros, excepto aquellos que sean inhabilitados jurídicamente -Ángel Martín y el propio Lopera-.
Jaime Rodríguez Sacristán, secretario del ejecutivo, y Manuel Castaño, uno de los máximos accionistas, podrían repetir en el poder, ya que ambos no han sido imputados ni inhabilitados por vía jurídica.
Al administrador judicial, con plenos poderes, se unirían un interventor económico, que controla el tema financiero, y un interventor político del 100% de las acciones de Farusa -Gordillo-. Una de las primeras medidas sería anular la convocatoria del consejo del 25 de agosto y la celebración de una Junta General Extraordinaria.
En el caso del Atlético de Madrid, cuando la entidad fue intervenida se configuró un calendario de trabajo con los diferentes agentes sociales para ir habilitando funciones del nuevo equipo de gobierno.
Un aspecto que cobra especial relevancia es que la Audiencia podría retirar del caso a Alaya en octubre debido a los recursos interpuestos por la Fiscalía y la defensa de Lopera. De esa forma, la magistrada debería acelerar la adopción de sus medidas cautelares, ya que algunas podrían ser inhabilitadas cuando un nuevo responsable asuma la gestión del tema.
La noticia causó ayer una profunda sorpresa en la oposición. El presidente de Por Nuestro Betis (PNB), José Antonio Tirado, dijo ayer a este medio que "la jueza tuvo un acto de buena fe el pasado 16 de julio, pero se ha dado cuenta de que Lopera y Oliver siguen desoyendo sus autos y, supongo, si llega a ese punto es porque cree que hay que ir aún más lejos". "El auto que publicó y las medidas cautelares que adoptó ya dieron un voto de confianza a los consejeros, pero ellos se empeñan en que nada cambie", recalcó.
Otro de los notables de las plataformas opositoras, Emilio Soto, portavoz de Béticos por el Villamarín, se congratuló de la posibilidad de que la jueza intervenga judicialmente al Betis. "Si se llega a concretar sería una noticia muy buena", se congratuló.
Y es que, según apuntó, "sería recomendable que una decisión de carácter judicial inhabilitara al consejo y a Oliver, que está gestionando el club con un porcentaje menor de acciones". "Necesitamos una medida drástica para darle un giro a la situación, pero hay que dejar trabajar a la jueza, que está decidiendo con cautela", destacó.
La inestabilidad política en el consejo de administración del Betis es absoluta y su portavoz, José María Blanco, podría presentar su dimisión formal en las próximas horas. Blanco informó de su decisión en el concordato celebrado el pasado jueves, aunque León y Oliver no aceptaron su renuncia, instándole a retrasar su anuncio hasta el 25 de agosto.
Y es que su despedida originaría una Junta General, ya que si Rufino González, vicepresidente, dimite, el consejo reduciría su número de efectivos a 7, el mínimo que estipula la ley para un club de los activos del Betis. En ese supuesto, Gordillo asumiría el control a través del artículo 137 de la Ley de SAD.
Recursos
Mientras, el abogado responsable de BXV, Manuel Serrano, envió ayer un recurso a los ya presentados por el letrado de la defensa y la Fiscalía por el auto dictado por Mercedes Alaya el 16 de julio. Ahora será la Audiencia, la que podría designar un nuevo juez para el caso en octubre, la encargada de emitir su veredicto.
