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La jueza aplaza una semana el desalojo de las familias de la Corrala Utopía

La Junta solicitó la paralización de la expulsión de los ocupas del bloque de San Lázaro, fijada para hoy, mientras busca una alternativa para su realojo conjuntamente con el Ayuntamiento.

el 14 feb 2014 / 21:59 h.

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Esta tarde a las 21.00 horas hay convocada una concentración de apoyo frente al edificio de San Lázaro. Esta tarde a las 21.00 horas hay convocada una concentración de apoyo frente al edificio de San Lázaro. «Un respiro» y sensación de «alivio» aunque temporal es lo que sintieron ayer las 36 familias que desde hace año y medio ocupan el bloque de San Lázaro conocido como Corrala Utopía. La jueza que ordenó el desalojo forzoso del inmueble en un plazo de 15 días, que se cumple hoy, ha aceptado la solicitud de la Junta de paralizarlo mientras la Consejería de Fomento y Vivienda busca una alternativa para realojar a los ocupas en colaboración con el Ayuntamiento (que aún no se ha pronunciado al respecto). Eso sí. No se suspende el desalojo sino que solo se aplaza durante una semana, un tiempo que los ocupas estiman «corto». La titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ordenó el desalojo forzoso de la Corrala Utopía hace 15 días, como culmen del proceso iniciado por la denuncia de Ibercaja –propietaria del inmueble– por usurpación ilegal. La mesa de negociación abierta en este tiempo con la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, no dio resultados. Ni Ibercaja aceptó la propuesta de las 36 familias de quedarse en el edificio a cambio de un alquiler social conjunto que incluyera la gestión de los locales ni los ocupantes aceptaron la oferta de la entidad de un alquiler social por un año en otros pisos de su programa Llaves solidarias (una propuesta a la que en una primera fase negociadora se acogieron cuatro familias). En la última reunión de la mesa, el pasado viernes y a la que no acudieron Ibercaja (que tampoco lo hizo antes) ni el Ayuntamiento (que sí estuvo en la anterior), la Consejería de Fomento y Vivienda se comprometió a buscar una alternativa para realojar a las familias conjuntamente con el Ayuntamiento y a intentar paralizar el desalojo. El miércoles registró en el juzgado una solicitud por escrito para que se paralizara y la respuesta llegó ayer, víspera de la fecha límite. La jueza aplaza el desalojo cinco días para que las administraciones busquen soluciones alternativas para las familias. La Junta sostiene que el Consistorio tiene más de 300 viviendas públicas de Emvisesa vacías –hace unas semanas varias de ellas en Nuevo Amate fueron también ocupadas– mientras que asegura que el parque de su empresa pública, EPSA, en Sevilla está adjudicado al completo (aunque a finales de 2012 una promoción sin adjudicar en La Corza también fue ocupada estando vacía). El Ayuntamiento limita los pisos de Emvisesa vacíos a 150 y señala que están pendientes de adjudicación a los inscritos en el registro municipal de demandantes de VPO, si bien el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, reconoció en una entrevista con este periódico que los procedimientos de adjudicación «son muy lentos» y «cuesta mucho encontrar personas que puedan pagarlo». Con todo, según la información trasladada ayer por la Junta a las familias de la Corrala Utopía, los responsables de la consejería quieren iniciar los contactos con el Consistorio el mismo lunes para buscar una solución alternativa, ya que el tiempo apremia. El Consistorio no ha mostrado disponibilidad a destinar algunos de sus pisos vacíos para estos vecinos mientras la Junta sostiene que no tiene VPO vacíos, si bien hay promociones a punto de ser terminadas e iniciar el proceso de adjudicación. Mientras, las 36 familias ocupantes del bloque de la Avenida Juventudes Musicales reconocen que el aplazamiento del desalojo supone «un respiro pero sabemos que aún nos queda mucho» aunque confían en que finalmente no se llegue «a un desalojo violento». Por ello, la concentración de apoyo prevista para esta tarde a las 21.00 horas frente al edificio se mantiene «para informar bien a la gente y porque entendemos que hay que mantener la presión y que las instituciones entiendan que hay una petición social para buscar una solución».

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