El proceso de venta del paquete mayoritario de Manuel Ruiz de Lopera parece seguir su curso, como lo hace también el proceso de instrucción del juzgado número seis de Sevilla por un presunto delito societario en la gestión del Real Betis. La jueza Mercedes Alaya podría dictar un auto de procesamiento este otoño.
Primero fue ver indicios de delito después de la documentación presentada por la oposición a la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Betis. Segundo, solicitar todo de tipo de información a la propia entidad, pidiendo además a la Junta de Andalucía una auditoría para investigar a fondo las cuentas del Betis.
Ahora, la jueza ha realizado un nuevo requerimiento en la que le pide a la Guardia Civil que profundice en la investigación de las relaciones comerciales y los contratos firmados entre el Betis y empresas como Tegasa, Encadesa y Frigimueble, que se vinculan a Lopera, así como sobre las personas que aparecen como titulares de las mismas.
Según fuentes cercanas a la instrucción, la jueza está trabajando muy duro en culminar todo el proceso de instrucción, por lo que se espera que sea este mismo otoño cuando decida sobre la denuncia presentada por Béticos por el Villamarín. En este grupo se tiene la certeza de que la jueza dictará un auto de procesamiento contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario. Como mucho, todo se resolvería en el primer semestre de 2009.
Mientras, en este nuevo requerimiento la jueza pide la investigación exhaustiva de asuntos como la indeminzación a la que se habría obligado a pagar al Betis a Encadesa 8 millones de euros por la no finalización de las obras de su estadio. No se olvida el requerimiento de datos sobre la participación de sociedades de origen ruso en algunas de esas empresas que se vinculan a Lopera.
También se pide a la Guardia Civil la ejecución de las diligencias relacionadas con los contratos de imagen de los jugadores del plantel verdiblanco. Como ya ocurriera en anteriores ocasiones, se exige al presidente, José León, que aporte toda la documentación necesaria en todos estos asuntos "a la mayor brevedad", pues en caso de no hacerlo así se podría incurrir en un delito de "desobediencia a la autoridad".
