El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la jueza Adelina Entrena a un año de suspensión de sus funciones judiciales y a que indemnice con 103.000 euros a un preso preventivo que pasó más de un año en la cárcel por un delito del que había sido absuelto.
Según la sentencia del alto tribunal andaluz, a la que ha tuvo acceso Efe, la que fuera titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada) es autora de un delito contra la libertad individual de las personas cometido por un funcionario público mediando imprudencia grave y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal. Entrena anunció que recurrirá la sentencia.
José Campoy, el ex preso, mostró su satisfacción por la sentencia del TSJA, aseguró que invertirá el dinero en su "desintoxicación" y cuando se haya curado intentará "sacarse el carné de conducir" para poder comprarse un coche y encontrar trabajo. Campoy Agradeció a su madre, con 12 hijos, "todo lo que ha hecho por sacar adelante a su familia".
Su letrado, Marcos García-Montes, no descartó recurrir el fallo puesto que pedía un total de 320.000 euros de indemnización por las secuelas que tendrá toda su vida. No obstante, será cuando el abogado examine detenidamente la resolución cuando decida en firme si lo recurrirá.
Recurso de entrena. La jueza Adelina Entrena anunció que recurrirá la sentencia del TSJA al considerar que esta resolución es "completamente descompensada". El abogado de la magistrada, que ya fue expulsada de la carrera judicial por el Consejo General del Poder Judicial, informó de que en los próximos días presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por no estar conforme con el año de suspensión impuesto y la indemnización de 103.000 euros que deberá pagar al reo José Campoy. Aunque el letrado respeta la sentencia del TSJA, criticó que Entrena se haya convertido en una especie de "chivo expiatorio" respecto al actual debate social y mediático existente sobre la actuación de la Justicia a raíz del caso del pederasta Santiago del Valle y la pequeña Mari Luz Cortés.
La jueza ha sido también condenada al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, precisa la resolución del TSJA, que decreta la responsabilidad, con carácter subsidiario, del Estado por los perjuicios causados a Campoy.
La Sala de lo Civil y Penal considera que, aunque la prolongación del encierro del reo no fuera "deseada" o "premeditada" por Entrena, la actuación de ésta sí fue imprudente puesto que su "obligación" era la de velar porque la estancia en la cárcel no continuara más allá del tiempo legalmente establecido.
