La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla e instructora del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que se acuerdo el examen de los archivos contenidos en el servidor informático de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya considera que, tras la apertura de la unidad central de procesamiento (CPU) entregada voluntariamente por M.V.B., la técnica de Urbanismo recientemente imputada en la causa abierta por presuntas irregularidades cometidas en el concurso público sobre el derecho de opción de compra de los terrenos de Mercasevilla, se deduce que existen "fundados indicios" de que mediante la intervención y examen del servidor "pueden descubrirse hechos y circunstancias de interés sobre la comisión de los delitos que están siendo investigados y la identidad de las personas que han intervenido en los mismos".
Este auto ha venido precedido de una providencia de la jueza en la que ordenaba la retirada de esta unidad informática y su depósito judicial, dando cuenta de la intención de M.V.B. de entregar en los juzgados la CPU, pretensión comunicada telefónicamente por la propia imputada a la Policía Judicial tras conocer que la Gerencia de Urbanismo, "aludiendo a la reordenación y actualización de elementos informáticos, quiere retirar la CPU de la cual es usuaria legalmente autorizada".
Tras su entrega el pasado 29 de septiembre en los juzgados, Alaya dictó un auto previo en el que acordó la apertura y examen de los archivos contenidos en la CPU intervenida, proceso que ha dado pie a la última resolución judicial, en la que ya se ordena revisar los ordenadores de Urbanismo.
Asimismo, otra providencia del juzgado entiende que "no ha lugar" a la personación de la Fundación Asistencial Mercasevilla en la causa abierta por presuntos delitos de prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas contra el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, así como vicedecano del Colegio de Abogados de Sevilla, Jorge Piñero. Alaya, de hecho, tampoco tiene por personado al PSOE "hasta tanto no se formule querella para el ejercicio de la acción popular", para lo cual se concede un plazo de diez días.
Por último, la magistrada ordena en esta misma providencia adelantar las declaraciones de los técnicos recientemente imputados --la propia M.V.B. y J.A.R.-- al 5 de octubre, en lugar del 22 de octubre, día inicialmente fijado, así como la de Mellet, que pasa del 23 de noviembre al 22 de octubre.
