La jueza imputa a dos personas más por la muerte de la familia que se intoxicó en Alcalá

Ha llamado a declarar a un empleado de la empresa de gestión de residuos y a un socio de la chatarrería que compró los botes que contenían el fosfuro.

el 15 sep 2014 / 10:00 h.

EL MATRIMONIO FALLECIDO EMPEZABA A RECOGER CARTONES A LAS SIETE DE LA MAÑANA Dos imputados más y nuevas declaraciones. La investigación por la muerte de una familia que falleció intoxicada el 14 de diciembre de 2014 al inhalar fosfuro de aluminio, acumulado en unos tapones, sigue avanzando. La magistrada que dirige el caso ha citado a declarar para el próximo 24 de septiembre por su supuesta responsabilidad en los hechos a un empleado de la empresa de gestión de residuos, que se hizo cargo de los botes que contenían la sustancia y cuya gerente también ha sido citada, y un socio de la chatarrería que los compró. Para ese mismo día, la instructora ha citado a tres testigos. En un auto fechado el pasado 29 de julio, y al que ha tenido acceso este periódico, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá, Laura Ruiz Alaminos, ha acordado citar de nuevo a declarar a María Rosa S.M., la gerente de la empresa de gestión de residuos Alansu S.L., después de que su abogado se desistiera del recurso presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla contra su imputación, y que hizo que su interrogatorio se suspendiera el pasado 22 de julio, cuando fueron citados otros dos imputados más. La magistrada dio entonces traslado a la Fiscalía para que se pronunciase al respecto, tras lo que le solicitó la nueva citación de la responsable de la firma y también la de un empleado de esta empresa y el socio de la chatarrería Reciclados Nivel, cuyo responsable ya declaró como implicado. El fiscal pide que ambos sean llamados «en calidad de imputados, mutando así la posición procesal que ocupaban hasta el momento», ya que ambos estaban considerados como testigos. De hecho, este cambio se debe que en su declaración el responsable de la chatarrería, Pedro A.G., «vino a afirmar haber mantenido conversaciones comerciales a los efectos de adquirir lo que resultaron ser botes de fosfuro de aluminio, además de con María Rosa S.M.» con el empleado de esta empresa ahora imputado. Igualmente, la gerente también lo señalaba en su recurso. Ante estas acusaciones, «y para garantizar su derecho a la defensa», la jueza ha acordado citarlo como imputado y no como testigo, «sin perjuicio de la posición que finalmente ocupe a la vista del resultado de la investigación». Sobre el otro imputado, también fue su socio el que lo señaló en su declaración al identificarlo como «el encargado del almacén y de tratar con los clientes que acudían a la empresa», según consta en el auto. Por ello, también lo llama como imputado «con el mismo fin de garantizar su derecho de defensa ante una eventual responsabilidad del mismo, y sin perjuicio de lo que finalmente se determine a lo largo de la investigación o concluida esta». Posteriormente, la magistrada acuerda en una providencia dictada el 30 de julio citar a estos tres imputados para el 24 de septiembre a partir de las 10 horas. Ese mismo día, ha citado a tres testigos, a los que les tomará declaración por la tarde, a partir de las 17 horas. En su declaración, el responsable de la chatarrería dijo que desconocía que los botes que compró a la empresa de residuos contenían sustancias tóxicas. «Pensaba que los envases eran de aluminio», dijo. La jueza le consideró a él, y a los otros imputados, responsables de un presunto delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente, ya que la instructora considera que «pudo existir delito en el tratamiento de los tapones plaguicidas que causaron la muerte» de dos adultos –un matrimonio– y una de sus hijas. La Policía Nacional halló más de mil tapones de plástico en una bañera del domicilio. Estos desechos tenían que haberse destruidos por la empresa Alansu. Sin embargo, en vez de encargarse de ello –o de contratar a otra empresa autorizada–, los responsables de esta planta de reciclaje se los habrían entregado a la chatarrería Reciclados Nivel, que incluso pagó a cambio de los tapones, tras comprometerse a que se encargarían de su eliminación con garantías. Todos los tapones llevaban una etiqueta que alertaba de la peligrosidad de las sustancias. La Policía cree que se les retiraron estas etiquetas y no se destruyeron los tapones, sino que con ellos se pagaba a personas que iban a vender chatarra, una de ellas el padre de familia fallecido, que vendía estos tapones para obtener ingresos.

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