Como ya bien anunció, la jueza Mercedes Alaya continúa imparable con su investigación sobre el fraude de los ERE. Ahora da un paso más y reclama a las consejerías de Economía y Hacienda que le aporten toda la documentación relativa a las ayudas sociolaborales que se aprobaron entre los años 2010 y 2012, época en la que estaba como presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. La magistrada hace especial hincapié en las ayudas otorgadas a Delphi para llevar a cabo "un proyecto personal de inserción laboral".
Con esta nueva orden, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 atiende así a la petición planteada por el PP, que ejerce la acusación popular, y que planteó en un escrito presentado en diciembre de 2013 -hace casi un año- que se le reclamara a la Junta toda esta documentación "a la vista de la declaración" prestada por el exinterventor delegado de la Consejería de Empleo Juan Luque Alfonso en dicha fecha.
Alaya acuerda ahora que solicitar a la Junta "copia íntegra, foliada, indexada y compulsada de todos los expedientes de ayudas sociolaborales que se hayan tramitado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en los años 2010, 2011 y 2012 con cargo al programa presupuestario, especialmente el 72C", una partida "que ha sido utilizada en el caso de lo extrabajadores de Delphi Automotive System España S.L, acogidos a un proyeecto personal de inserción laboral".
Igualmente pide "copia íntegra, foliada, indexada y compulsada de todos los expedientes de ayudas sociolaborales que se hayan tramitado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en los años 2010, 2011 y 2012 con cargo al programa presupuestario, especialmente el 72C", una partida "que ha sido utilizada en el caso de lo extrabajadores de Delphi Automotive System España S.L, acogidos a un proyeecto personal de inserción laboral".
La instructora también solicita a la Junta que le informe "de la existencia o no de dos correos electrónicos" enviados por uno de los responsables de la aseguradora Vitalia, Antonio Albarracín, al entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, en el segundo semestre de 2007, "coincidiendo con la segunda póliza de Delphi, en donde Albarracín hacía ver e insistía en la necesidad de invitar a más mediadores propiciando con ello una real y mayor competitividad y con el objetivo de abaratar las pólizas". Una prueba que ha sido solicitada por la defensa de Albarracín y que ha sido aceptada por la jueza.
Por último, la magistrada, en una providencia de la misma fecha, requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que aporte al juzgado, "de cuanta información o archivos obre en poder de dicha unidad" entregados por la exasesora de Empleo María José Rofa, después de que así se lo haya reclamado la defensa del ex director general de Trabajo Daniel Rivera.
