El Gobierno andaluz formalizó ayer su solicitud para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Andalucía pide un rescate de 4.906 millones de euros, aunque el Gobierno central, en una primera aproximación de reparto, ha otorgado 2.115 millones de euros. 1.500 irán a pagar a proveedores. Una vez que el Ministerio de Hacienda dé la confirmación, la petición deberá aprobarse en Consejo de Gobierno. El Ejecutivo andaluz subrayó ayer que "no hay condiciones políticas" y que "no se trata de un rescate sino de una línea de crédito" ante el cierre de los mercados.
La Junta aseguró que el rescate no conllevará, de momento, más recortes ni una reforma urgente de su sector público, como ha exigido el Gobierno. Sin embargo, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, admitió que el año próximo deberá acometerse una reestructuración importante en los términos ya previstos en el plan de reequilibrio financiero andaluz y que cuenta con un ahorro por esta vía de 118 millones de euros. La consejera indicó que se recortarán las transferencias a las empresas públicas y que éstas deberán decidir y gestionar rebajas salariales, reducciones de jornadas o EREs. La Junta defendió, así lo exigen los socios de IU, que no tiene que haber despidos pero el sudoku en este apartado del Presupuesto es complicadísimo. Hay 22.000 empleados en empresas públicas de la Junta.
La única contrapartida a cambio del Fondo de Liquidez para Andalucía, defendió la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, será cumplir el plan de reequilibrio financiero para conseguir un déficit que no desborde este año el 1,5% y el próximo el 0,7%. Un límite "muy exigente", reiteró la consejera. En caso de que no se cumpla el dato al cierre del año, la Junta debería de acometer nuevos recortes. En este punto, Martínez Aguayo recordó que el dato del primer semestre estaba en la senda de cumplimiento. Preguntada sobre si la comunidad cumplirá, indicó: "No estoy en disposición de saberlo".
Las comunidades podrán obtener liquidez con un préstamo a un interés del 6% y que podrán devolver en diez años, con dos de carencia, según las condiciones expuestas por el Gobierno central. La Junta considera razonables estos términos. Del dinero asignado (2.115 millones), 600 ya se han destinado al pago de vencimientos de deuda y el resto (1.500) irán a pagar a proveedores. Andalucía confía en recibir más de lo que, en un principio, tiene asignado. Pedirá transparencia en el reparto de un fondo de 18.000 millones.
Los números, que siguen siendo muy complicados, comienzan a salirle a Andalucía. Al menos, el Gobierno de José Antonio Griñán ha ganado margen para elaborar su Presupuesto para 2013. El acuerdo cerrado con el Gobierno central, que le permitirá agotar su techo de endeudamiento hasta un 15% de su PIB y no el 13,2% impuesto, oxigena las cuentas autonómicas y le permita esquivar otro hachazo de 2.700 millones de euros. La consejera de Hacienda admitió ayer que aún así será un Presupuesto difícil y "restrictivo" por el duro objetivo de déficit. La Junta seguirá batallando para que el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades cambie el próximo año y no en 2014, como ha prometido el Gobierno.
Martínez Aguayo, que compareció en rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno, insistió en que la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica "no supone ninguna petición de más ajustes". Sobre la reordenación del sector público andaluz, recordó que ya hay un plan en marcha que supone el cierre de más de un centenar de empresas públicas. Con el 31 de diciembre como plazo máximo, deberán echar el cierre 95 consorcios, los llamados UTEDLT (Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico) puestas en marcha por el Gobierno andaluz junto a los ayuntamientos.
La Junta ya ejecutó una primera fase de este plan que supuso crear 14 macroagencias que acogieron a los trabajadores de más de un centenar de extintas empresas. Éste fue además el origen de un duro conflicto con los funcionarios que aún está enredado en los tribunales. Se agrupó a personal laboral y eventuales contratados del sector público, junto a funcionarios. No se sabe cómo va a acabar. Con esta reforma, Hacienda estimó un ahorro de 118 millones de euros. A final del pasado año la Junta contabilizó un ahorro conseguido de 30 millones de euros. 3,3 millones se correspondían con la supresión de altos cargos (180).
Martínez Aguayo señaló ayer, a preguntas de los periodistas, que habrá "una adecuación a nuevas funcionalidades, a nuevo trabajos" ante la realidad de que hay empresas sin carga de trabajo en estos momentos, como la Empresa Pública de Suelo (EPSA). Según el inventario del Ministerio de Hacienda, Andalucía tiene 390 entes públicos. La Consejería desmiente el dato y lo rebaja a 123, señalando que muchos de esos entes corresponden a ayuntamientos. La consejera abogó por conciliar las restricciones con "una apuesta por el máximo mantenimiento del empleo". Aunque admitió que el_Presupuesto de 2013 recortará las transferencias a las empresas públicas (3.321 millones en el actual ejercicio) y que cada una deberá negociar con los sindicatos su viabilidad. "La adecuación se puede producir por dos vías: por cantidad o por precio", afirmó la consejera. Es decir: despidos y suspensiones o recortes salariales. La consejera defendió que, a fecha de julio de 2011, según datos del Ministerio, la Junta había reducido su personal un 0,86%, mientras que en Cataluña había aumentado un 3,6% y en Baleares un 22%.
