Con la mesa de negociación creada para buscar un acuerdo paralizada, la Junta lanzó ayer un mensaje claro a Ibercaja, propietaria del bloque de San Lázaro ocupado hace hoy un año por 36 familias y que en breve se enfrentan a un desalojo forzoso por orden judicial ante la denuncia presentada por la entidad. Si el desalojo de la conocida como Corrala Utopía se hace efectivo, el edificio quedará vacío y por tanto, en virtud del Decreto aprobado por la Junta, Ibercaja sería multada con 324.000 euros (9.000 euros por cada uno de los 36 pisos). Es, y así lo reconoció la delegada provincial de Fomento, Granada Santos, un elemento de presión para agotar la vía del acuerdo que pasa por un alquiler social, al menos de un año y que la propia entidad dijo estar dispuesta a negociar. Santos compareció ayer junto al Defensor del Pueblo, José Chamizo, mediador en la mesa de negociación creada con la Junta, Ibercaja y las 36 familias asesoradas por el 15M. Todos reclamaron a Ibercaja que pase de las palabras a los hechos y criticaron que se muestre dispuesta a negociar mientras denuncia a las familias en el juzgado y pide su desalojo. La comisión de negociación no se ha cerrado y de hecho quiero convocarla en los próximos días la última reunión fue hace dos meses, pero estoy teniendo ciertos problemas para contactar con Ibercaja, que antes me llamaba todos los días. Las partes pueden decir lo que quieran pero no se puede cerrar el trabajo de tanto tiempo de golpe y porrazo, denunció Chamizo. La delegada de Fomento subrayó que para la Junta este edificio está habitado y si es desalojado y se queda vacío seis meses, el plazo que marca la norma, habría multa porque se cumplen los requisitos del Decreto. No obstante, aclaró que no habría que esperar seis meses desde el desalojo sino que el tiempo empieza a correr desde que la entidad comunique, como obliga el Decreto a todos los bancos, que tiene esa propiedad vacía. Santos confirmó que la caja ya ha facilitado a la Junta su lista de pisos vacíos pero no pudo precisar si el bloque de San Lázaro está incluido en ella. Ante la denuncia de Ibercaja, las 36 familias de la Corrala Utopía están siendo citadas a declarar por la jueza, que les ha instado a irse voluntariamente bajo amenaza de una evacuación forzosa. El día 29 terminan las declaraciones y la jueza tendrá que decidir si ordena el desalojo y el plazo para el mismo. Existe un reciente precedente en la Corrala La Ilusión de la calle Lumbres, donde tras la declaración judicial de las ocho familias ocupas, la jueza ordenó su desalojo forzoso en un plazo de 20 días, aunque los vecinos se fueron antes. El letrado Luis de los Santos, del grupo de abogados 17 de marzo que representa a las familias, registró ayer un escrito pidiendo que no se ordene esa medida y solicitó a la Fiscalía que se una a la petición. Hoy hace un año que Aguasantas y sus tres hijos, con 35 familias más, ocuparon el bloque. No me arrepiento ni me arrepentiré nunca porque he encontrado una familia, relató nerviosa y entre lágrimas. Pero no es fácil vivir un año cargando garrafas de agua cuatro o cinco veces al día y que lleguen las seis y los niños no puedan hacer los deberes porque no hay luz. El Ayuntamiento y Endesa cortaron ambos suministros en verano la delegada de Fomento les instó a restablecerlos. Ni a los perros se les hace lo que nos están haciendo, pero ahí vamos a seguir, dijo Aguasantas poco antes de que el llanto casi le impidiera pedir apoyo ciudadano en la marcha convocada esta tarde a las 20.00 horas desde el bloque hasta las Setas con el lema Salvemos La Utopía. Alquiler Social ya.
