La Junta, a través de la Empre- sa Pública del Suelo (EPSA), comprará las VPO atascadas por la crisis, donde los compradores se topen con el no de los bancos, y las alquilará con opción a compra a los mismos adjudicatarios por 324 euros al mes. Pasados diez años, si el arrendatario quiere hacerse con el piso no tendrá que pagar la entrada, porque habrá amortizado esa cantidad con las mensualidades. Además, la administración mantendrá el precio de la VPO fijado una década antes, pese a que la norma en Andalucía permite engordar el valor 1,5 veces.
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, trató ayer con sindicatos y empresarios, en la reunión de seguimiento del Plan Concertado de Vivienda, esta medida, que forma parte del plan de rescate urgente del sector. La falta de financiación ha obligado a la consejería a actuar para desbloquear promociones de pisos protegidos que no logran créditos.
Entre las VPO calificadas en 2007 y 2008, hay 5.800 con problemas de financiación, cuya viabilidad será analizada por la Junta para decidir con cuántas se queda. "El objetivo será desbloquear el mayor número de promociones comprando el menor número de VPO, sólo las necesarias", explicó Espadas. ¿Con qué dinero se pagará? EPSA aumentará su nivel de endeudamiento en 400 millones más, un margen "suficiente" -dijo el consejero- para poder actuar en 10.000 VPO.
La segunda pata del plan será conseguir que aflore el stock de vivienda libre colgada por la crisis. En dos o tres semanas EPSA hará una convocatoria pública, a través de una página web, para que promotores y entidades financieras coloquen ahí pisos con estas características: con un precio máximo de entre 180.000 y 200.000 euros -los empresarios temían que el límite se quedara en 150.000- y una superficie entre 60 y 120 metros. El valor inicial de esas viviendas ronda los 250.000 euros. Tendrán que destinarse a primera residencia y ubicarse en zonas de gran demanda.
La Junta quiere acelerar al máximo el proceso. En septiembre se conocerá el stock y se acordará con los bancos productos "financieros atractivos", como hipotecas con cuotas más bajas los primeros años o préstamos reintegrables, y en seis meses deberán estar cerradas las operaciones. La Junta "incentivaría" la oferta a precio asequible pero "nunca dando ayudas económicas a fondo perdido", aclaró Espadas.
La tercera medida es de auxilio social y ayudará a las familias desahuciadas por la crisis, es decir, aquellas que hasta que explotó la coyuntura actual pagaban sus hipotecas con regularidad. El Gobierno estima que serán unas mil. La Junta comprará sus casas, las calificará como VPO y se las alquilará a las mismas personas -con ayudas- para que en unos años puedan recuperar su propiedad.
