El de ayer fue un día grande para la minería andaluza. Al trámite final para reactivar el yacimiento de Riotinto (Huelva) se sumaron los acuerdos del Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de la Junta para desbloquear el concurso internacional de Aznalcóllar, cuyo plazo acaba en unos días y que peligraba: la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central amenazó con paralizarlo durante varios años. Un pacto entre administraciones el pasado 20 de marzo, que se materializó ayer con sendos decretos del Gobierno central y la Junta, ha permitido retirar los recursos y que el proceso mantenga sus plazos, según los cuales la adjudicataria de la mina sevillana se decidirá justo en un año.
El primero en cumplir su parte del trato fue el Consejo de Gobierno andaluz, que aprobó en reunión extraordinaria modificar el decreto ley que atribuía a la comunidad la reserva de los derechos mineros, para reconocérselos al Estado y solventar las discrepancias con el Ejecutivo del PP. Una cláusula confirma todos los actos dictados hasta ahora por la Junta relativos a la reapertura, incluido el expediente expropiatorio, que seguirá el procedimiento de urgencia. También se incluye una disposición para acelerar la reapertura, previendo que a la empresa adjudicataria se le concedan simultáneamente el derecho de explotación y el permiso de investigación para la modelación de la mina, ya que se trata de reanudar los trabajos en una mina con recursos constatados.
A renglón seguido, el Gobierno central aprobó el real decreto por el que desistía de sus dos recursos, según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que insistió en que el Gobierno «se vio obligado» a presentarlos porque la Junta invadía una competencia estatal.
La vicepresidenta aseguró que el Gobierno había trabajado con la Junta y con el partido mayoritario en el Parlamento andaluz, el PP, para alcanzar un acuerdo que evitara la paralización del concurso, lo que mereció un airado reproche por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que la acusó de usar la rueda de prensa del Consejo de Ministros para «atacar» a Andalucía al «mentir» sobre este acuerdo, que la propia presidenta propició al ponerse en contacto con el Gobierno y anunciar que no pugnaría por la competencia de los derechos mineros.
El concurso, que ha primado las garantías medioambientales, daba a las empresas hasta este mes para presentar propuestas. La Junta seleccionará como máximo tres ofertas y redactará un pliego técnico para que, en cinco meses, se presenten los proyectos definitivos. En marzo de 2015 debería estar seleccionada la adjudicataria de un proyecto que precisará al menos 300 millones de inversión y que creará unos 1.200 empleos entre directos e indirectos. Por su parte, CCOO anunció ayer la convocatoria de una manifestación el 25 de abril para reivindicar la reapertura de la mina y recordar el 16 aniversario de la rotura de la balsa que llenó de lodos tóxicos el municipio, bajo el lema Aznalcóllar se quita el luto. La marcha saldrá de la antigua puerta de la mina de Aznalcóllar y llegará al centro del pueblo.
