La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz no polemiza ni lo va a hacer con el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular, la juez Mercedes Alaya, instruye el caso sobre las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE), porque persiguen el mismo objetivo, como es "sentar en el banquillo a los responsables de este fraude".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Mar Moreno ha querido dejar claro que si los expedientes están bien hechos o mal hechos, "en el juzgado están". "No es que respetemos la labor del juzgado, es que compartimos la finalidad que tiene, que es sentar en el banquillo a los responsables de este fraude, que es lo que quiere la Junta desde el minuto uno", ha afirmado.
Moreno ha señalado que la única discrepancia puntual que se ha producido con el juzgado ha sido la referida a las actas del Consejo de Gobierno y que se está sustanciado de la manera que toca en Derecho, es decir, recurriendo a instancias como el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales. "No tenemos el menor enfrentamiento con un juzgado que intenta perseguir a los culpables, exactamente igual que la Junta de Andalucía, que ha denunciado", según Moreno.
La consejera ha insistido en que la Junta no va a "polemizar" ni va a tener un enfrentamiento con el juzgado porque ello no se corresponde con un Gobierno que ha denunciado, que es transparente y que quiere que este asunto se aclare.
Para Moreno, entre los autos de la juez Alaya y las interpretaciones que hace el PP de los mismos, "muchas veces hay kilómetros. "No vamos a entrar en ese juego del Partido Popular de enfrentar juzgado con la Junta de Andalucía porque el juzgado y la Junya están en el mismo barco desde el minuto uno", ha señalado.
Asimismo, Mar Moreno ha indicado que es bien curioso que el PP "ataque una y otra vez" a la Junta de Andalucía "intentando estirar escándalos y con acusaciones infundadas", cuando los populares están bien entretenidos en el juzgado. Ha indicado que en la última semana se ha conocido como la Cámara de Cuentas ha expedientado a concejales de Málaga por usos indebidos de productividad, mientras que una concejala popular de Lanjarón (Granada) está implicada en un "fraude del padrón" y el concejal de Juventud de Granada está implicado "también, al parecer, en un delito de falsedad".
Todas informaciones referidas a miembros del PP, según ha precisado, tienen una cosa en común: en ninguno de esos tres casos, el PP no ha intervenido en ningún momento "acusando ni denunciando".
Sin embargo, según ha agregado, en un caso que afecta a la Junta como es el fraude de los ERE, es el Gobierno andaluz "quien denuncia". "Esa diferencia debería ser muy relevante para la ciudadanía, como actúa un Gobierno que es honesto, que es transparente, que no puede evitar un fraude, pero que sí puede perseguirlo e intentar que se condene a los culpables".
UN UNO POR CIENTO
Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, se ha mostrado convencido de que si preguntara a la opinión pública en Andalucía sobre el caso de los ERE "seguramente tendría opinión equivocada respecto a lo que nos dan las investigaciones y las cifras".
Recio, que ha sido preguntado sobre las declaraciones del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, que ha mostrado este martes su "preocupación" por la aparición de nuevas formas de corrupción y ha puesto como ejemplo el caso de los ERE, ha indicado que las investigaciones que se han hecho sobre la política de ayudas sociolaborales han arrojado tan sólo un uno por ciento que presumiblemente puede ser irregular y ha mostrado su preocupación por que pueda existir la sensación de que todos los trabajadores beneficiados "han actuado mal".
"Es una absoluta injusticia, no para el Gobierno por la labor que ha desarrollado, sino para todas esas familias que se han visto en una situación muy difícil", según Recio, quien ha recalcado que tan sólo en un uno por ciento de los casos, en los últimos diez años, se ha presentado como irregular, algo por lo que se siente "avergonzado".
Ha insistido en que hay que distinguir esos casos irregulares de una "política sociolaboral que ha ayudado a muchas empresas y a miles de andaluces".
De otro lado, el consejero de Empleo ha querido dejar claro que no tiene conocimiento "de ninguna irregularidad" que se haya producido en relación con contrataciones en la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Ha indicado que si la persona que trabaja en Faffe es militante socialista, del Partido Popular o de IU lo desconoce "absolutamente". Ha criticado que el PP se dedique a hacer hincapié muchas veces en las cuestiones de si una persona es socialista o no, pero se le "olvida decir a la opinión pública si hay personas del Partido Popular o no" trabajando en la citada fundación.
