El Parlamento andaluz aprobó ayer una proposición no de ley por la que insta a la Junta a eximir a miles de profesores en paro del pago de las tasas obligatorias para concurrir a las oposiciones de Secundaria de finales de junio. Los derechos de examen en Andalucía cuestan 79,12 euros por cabeza, una tarifa que se fijó por debajo en 2004 y se ha ido incrementando con el IPC. El consejero de Educación, Luciano Alonso, reconoció en el Parlamento que las tasas actuales «no se corresponden con la nueva realidad social», pero informó de que el proceso de selección de Secundaria, ya en marcha, costará tres millones de euros, y que los ingresos previstos por tasas no cubrirán ni la mitad: 1,5 millones.
La exención del pago para maestros parados partió ayer del PP y, sorpresivamente, salió adelante al producirse una división en el voto de los socios de Gobierno: el PSOE rechazó la medida, pero IU se abstuvo, permitiendo que el voto mayoritario de los populares prosperase. No es la primera vez que la coalición de izquierdas vota en sentido contrario al de sus socios en la comisión de Educación, pero esta vez, si prospera el mandato parlamentario, la Junta dejará de ingresar una cuantiosa suma de dinero.
En 2012, el último año en el que se convocaron oposiciones de Secundaria, Educación ingresó 2,5 millones de euros de las tasas de 33.000 opositores. Luego tuvo que devolver ese dinero, porque el Gobierno central recurrió la oferta de plazas ante el Constitucional, arguyendo que excedía del límite del 10% de la tasa de reposición impuesto por ley. Al final se cancelaron las oposiciones. Este año, el número de beneficiarios potenciales de esa exención del pago por los derechos de examen no sería tan alto, porque la oferta de plazas es considerablemente menor a la de hace dos años: 250 plazas para docentes de Secundaria, Música y Artes Escénicas, frente a las 2.389 ofertadas en 2012. Además el número de especialidades convocadas es muy inferior, de modo que los aspirantes podrían disminuir a la mitad, apuntan los sindicatos.
La diputada y portavoz de Educación en el PP, Marifrán Carazo, recordó ayer que «si IU no hubiera estado de acuerdo, la proposición no habría salido adelante». «Es un contrasentido que el PSOE la rechace y luego plantee rebajas fiscales en otros ámbitos», dijo. La Junta de Extremadura, gobernada en minoría por el PP (gracias a la abstención de IU), aprobó en enero una iniciativa similar para todos los parados que opositen para un puesto en la Administración (no sólo en Educación) y que beneficiará a 17.000 personas.
Durante el debate de ayer, Carazo reprochó al consejero que las tasas de las oposiciones de ESO estén pensadas para «hacer caja», puesto que «duplican las de cualquier ayuntamiento andaluz y son notablemente superiores a las que cobran otras comunidades». Alonso admite que las tarifas «no están adaptadas a la actual realidad social», pero defiende que «con la tasa se persigue una mínima garantía y un compromiso fiable de que un número de aspirantes se presente al examen». La diputada de IU Marina Segura aseguró que la iniciativa del PP «es superficial» y que el problema que sufre «la mayoría social» es más profundo, y parte de las políticas neoliberales de la derecha europea. Segura abogó por modular el precio de las tasas al nivel de los ingresos. «Una tasa no debe ser nunca un impedimento para presentarse al examen», advirtió. La parlamentaria del PSOE Adela Segura ironizó con la «nueva sensibilidad» del PP, a quien acusó de «no consensuar nada y gobernar a golpe de decreto».
En paralelo a la propuesta aprobada por el Parlamento, la Junta ya ha creado un grupo de trabajo para fijar nuevas exenciones en las tasas para las futuras convocatorias de oposiciones, «acorde con la realidad actual, que tengan en cuenta a los sectores desfavorecidos y garantice la igualdad de oportunidades».
El pasado octubre, el Defensor del Pueblo andaluz ya dictó una resolución instando a las administraciones públicas a que «promuevan acciones para incorporar en la ordenanza fiscal la exención del pago de la tasa a personas con discapacidad, a las que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria de oposiciones y a las familias numerosas».
