Arranca el diálogo social y lo hace con prisas. El Gobierno andaluz retomó ayer los contactos con los sindicatos y hoy se entrevistará con la patronal para culminar una negociación que empieza con fecha de caducidad. CCOO y UGT pusieron ayer el 15 de julio como ultimátum para cerrar un acuerdo.
La aguda crisis y los 800.000 parados andaluces están de telón de fondo de un acuerdo que será complicado y que pondrá a prueba 16 años ininterrumpidos de paz social. Las posiciones de empresarios y sindicatos están más enfrentadas que nunca y el Gobierno andaluz admite que no será fácil reeditar un acuerdo que se logró por vez primera en 1993. Entonces también en crisis.
El Ejecutivo también pone sus condiciones. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, anunció ayer que el Gobierno andaluz importará a la concertación el análisis del impacto de género que aplica en su Presupuesto desde 2005. La consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, tendrá que convencer a empresarios y sindicatos de que las medidas que se pacten en los dos próximos meses no sólo deben servir para salir de la crisis y combatir el paro, sino también para avanzar en igualdad entre hombres y mujeres y asegurarse de que las andaluzas no son las más perjudicadas. Fuentes del Ejecutivo admiten que esta propuesta ha tenido una buena acogida entre CCOO y UGT y ha despertado mayores recelos en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). No ocultan que es un momento delicado y poco propicio para echar un pulso a la patronal con la igualdad, pero en la Junta están convencidos de que es importante empujar.
Griñán, que inauguró ayer la III Conferencia de Economía y Presupuesto en clave de género, defendió que la crisis es un "desafío" para los políticos, pero también para los empresarios y las organizaciones sociales. En 2005 el Gobierno andaluz fue pionero al incorporar al Presupuesto un informe de Impacto de Género que permite tener datos desagregados por sexos de todas las políticas públicas y propicia además que se pueda evaluar cuáles ayudan más a la igualdad. Éstas obtienen la máxima puntuación, G+, y son tratadas de forma prioritaria al distribuir el gasto público (absorben el 53%). Si hay recortes, será de las políticas que no ayudaran a la igualdad, advirtió la Junta. Un método similar se aplicará en la concertación, avisan.
Los sindicatos no están dispuestos a demorar mucho la negociación del VII Acuerdo porque la gravedad de la crisis, dicen, urge a aplicar de inmediato las medidas que se consensúen próximamente. Ayer, en la primera reunión oficial al más alto nivel, CCOO y UGT dieron un ultimátum al Gobierno para sellar el nuevo pacto antes del 15 de julio. La Junta también se ha marcado un periodo de dos meses. "El plazo ha llegado a su límite", sentenció el secretario general de CCOO, Francisco Carbonero. Aseguró que los sindicatos han sido "pacientes", porque han esperado a que culminara el relevo en la Junta, y "respetuosos" con los partidos, que se han reunido seis veces desde marzo para alcanzar un pacto anticrisis que no ha tenido éxito.
Martínez Aguayo reconoció que sería "poco prudente" aventurarse a fijar el 15 de julio como fecha tope porque -matizó- la concertación "es cosa de tres". Sin embargo, subrayó la "voluntad" del Gobierno por firmar un acuerdo "cuanto antes". En esta primera toma de contacto, UGT y CCOO entregaron a Economía sus aportaciones al documento de bases presentado por la Junta el pasado 10 de febrero, a las que se sumarán las de la patronal. El siguiente paso es consensuar un índice de los contenidos que se incluirán en el VII Acuerdo. Los sindicatos quieren concretar los temas directamente con Griñán en un máximo de diez días.
Las propuestas de UGT y CCOO pasan por agilizar las medidas anticrisis que ponga en marcha el Ejecutivo, crear prestaciones sociales para los parados que no cobran subsidios -piden impulsar ya la renta básica- y nuevos fondos para las empresas. "Hay que cambiar el modelo productivo para que la economía del futuro sea más solvente", sostuvo el secretario de Organización de UGT, Francisco Fernández. Carbonero demandó menos burocracia, financiación para la VPO y reactivar la obra pública "con rapidez".
