La consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, señaló ayer que actualmente se venden productos etiquetados como procedentes del cerdo ibérico andaluz equivalentes a una producción de un millón de animales, pese a que en realidad sólo hay contabilizados unos 500.000 en la región. "Eso significa que se podría estar produciendo algún fraude", ha indicado Aguilera, que aseguró que la Consejería va a ser "muy exigente" en este sentido y va a cerciorarse de que los productos que estén etiquetados como tales reúnan los requisitos necesarios.
Además, habrá que comprobar que esos productos "realmente provienen de las dehesas andaluzas", dijo, ya que el fraude en el etiquetado no tiene por qué significar que no son productos ibéricos, sino que es posible que lo sean pero tengan su origen en otras regiones.
La consejera indicó que en estos momentos se está instruyendo el expediente de los 17.000 kilos de "falso ibérico" intervenidos a una empresa sevillana hace unos días, "por no estar acorde el etiquetado con la calidad del producto", de los que ya se han destruido 1.700 kilos, por haber caducado.
Esta actuación se enmarca, apuntó, dentro de una campaña para controlar los productos de calidad de Andalucía, que "se va a intensificar" y que atenderá especialmente a los cárnicos y al aceite de oliva.
"No vamos a permitir que se produzca un fraude a los consumidores", concluyó Aguilera, que además consideró que así se consigue además "proteger a los ganaderos que con tanto esfuerzo cumplen las normas".
Por su parte, el secretario general de Facua Andalucía, Rubén Sánchez, pidió ayer a la Junta que "deje de sembrar la sospecha entre todas las empresas que comercializan algo anunciado como cerdo ibérico" y "dé los nombres" de las que han infringido la ley falseando el etiquetado.
"Con sus palabras acaba de sembrar la sospecha contra cualquier empresa que comercialice algo anunciado como ibérico", añadió el portavoz de Facua, para quien "es necesario que a la mayor brevedad la Junta comience a dar nombres de aquéllas en las que se haya constatado que han cometido un fraude en el etiquetado para garantizar la protección de los consumidores y los intereses de las empresas que cumplen con la legalidad".
A su juicio, "si se entiende que se están cometiendo irregularidades, es positivo que la Administración andaluza los advierta, pero lo debe hacer con absoluta transparencia". Agregó que además "hay firmas de distribución que están mostrando su preocupación por ese mensaje".
