La Junta "todavía no ha llegado al punto" de necesitar que un tasador externo e "imparcial" interfiera en las negociaciones entre el Estado y la Consejería de Economía para poner precio a los solares cedidos a Andalucía como pago de la deuda histórica. Lo advirtió ayer el portavoz del Gobierno andaluz, tras explicar que si el presidente Griñán había invocado la figura del tasador externo -el día antes, en Huelva- es porque "ahora hay una clara diferencia de criterio" en cuanto al valor de los solares.
La tasación que realiza el Gobierno central de las 18 parcelas transferidas está 100 millones por debajo del precio de la deuda histórica. "El presidente ha dicho que no aceptará menos de los 784 millones que marca la deuda, y ahora hay una discrepancia que ronda los 100 millones de euros", advirtió. El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, pidió ayer que sean los grupos parlamentarios quienes elijan por consenso al tasador externo.
El desfase entre el precio que estima el Gobierno central y el de la Junta no está en los activos de Agesa, en la Expo'92, "que han sido tasados de acuerdo a su valor real", sino principalmente en los terrenos de Almería, según fuentes de la Junta. La parcela conocida como El Toyo II, que abarca más del 90% de la superficie transferida, contiene un 67,87% de suelo protegido, calificado como Lugar de Interés Comunitario por la UE, y su valor mercantil es prácticamente nulo.
La deuda histórica cuantificada en solares debía tener en cuenta "no la tasación sin más de los suelos, sino la expectativa de mercado de los mismos", para lo cual los solares debían ser "urbanizables o explotables en término de rentabilidad", como recordó ayer el portavoz. El resto de parcelas cedidas se ubican en suelos urbanizables. El Consejero de Vivienda, Juan Espadas, fue el primero en decir que el solar almeriense protegido "no sería computable" como parte del pago de la deuda. En la zona de la parcela no sujeta a limitaciones ambientales estaba prevista la construcción de 3.000 viviendas, muchas de ellas de VPO.
El 27 de noviembre, la Consejería de Economía y la Secretaría de Estado de Hacienda cerraron un acuerdo para liquidar la deuda que el Estado tenía con Andalucía por los déficit con los que transfirió las competencias en educación, vivienda y salud en los años 80. La falta de liquidez del Estado hizo que los 784 millones de euros que quedaban por pagar -se anticiparon 420- se liquidaran con la cesión de las acciones de Agesa, que gestiona los activos de la Expo'92, más 17 solares para viviendas en cinco provincias, en total 330 hectáreas.
La Junta y el Gobierno crearon una subcomisión de técnicos para determinar el valor real de los solares, pero en dos meses y medio las negociaciones no han fructificado, y el Estatuto andaluz establece que la comunidad debe cobrar íntegramente la deuda antes del 20 de marzo, en menos de un mes. Griñán ya ha lanzado un aviso: recurrirá al tasador independiente si se mantienen las discrepancias. La Junta está dispuesta a agotar el plazo.
