En estos tiempos de crisis económica en los que la confianza es un valor escaso en los mercados financieros, viene muy bien que se desmonten en Andalucía ciertos tópicos que hacen mucho daño en la economía doméstica de miles de ciudadanos. Se trata, en concreto, de ese comentario tan extendido entre promotores y constructores de que los bancos y las cajas han cortado las líneas de crédito para la compra de viviendas, incluidas las de tipo protegido. La percepción se generalizó hasta tal extremo que el propio consejero de Vivienda de la Junta, Juan Espadas, advirtió la semana pasada a las entidades financieras de que la Administración autonómica se pensaría muy mucho trabajar con aquellos bancos y cajas que pusiesen trabas económicas al desarrollo del plan andaluz de vivienda. Ayer, en una reunión que mantuvo con los representantes de estas entidades, se disiparon las dudas: no habrá trabas ni problemas de liquidez. Los bancos y las cajas destinarán 9.550 millones a prestar dinero para la construcción de las VPO y piden incluso ampliar este concepto. La razón es evidente: con un mercado de viviendas libres completamente estancado, las nuevas VPO previstas se convierten en un bocado de negocio al que nadie quiere renunciar. Lo único que demandan, y es razonable, es que la Junta les ofrezca toda la información posible sobre los suelos que se promoverán, los empresarios que construirán las viviendas y el perfil de los adquirentes de los pisos, pues así podrán saber con más exactitud a quién le prestan el dinero y establecerán las cautelas lógicas en una operación de este tenor. Aquí la Junta, en la persona de Juan Espadas, ha hecho lo que tenía que hacer: desterrar temores basados en sensaciones sin mayor fundamento y sentar las bases para que todos los actores necesarios en este proceso tengan muy claro cuántas viviendas de VPO se van a construir, quién las va a hacer y quién las financiará.
