La Junta limita el fraude en formación a cuatro empresas y 1 millón de euros

De 2007 a 2013 se han repartido 2.326 millones de euros y hay 8.505 expedientes de ayudas, de los que se han supervisado un total de 1.728. IU no descarta una comisión en el Parlamento para aclarar las irregularidades y el PP sitúa el caso en la “tela de araña” tejida por el PSOE para gobernar.-

el 29 abr 2014 / 20:40 h.

Clase en un curso de formación. Clase en un curso de formación. El Gobierno andaluz rindió este martes cuentas en el Parlamento sobre el presunto fraude con los fondos de formación destinados a parados, 2.326 millones y 36.000 cursos de 2007 a 2013, y limitó el caso a 1,05 millones de euros y cuatro empresas. El consejero de Educación, Luciano Alonso, que tiene bajo su tutela desde hace un año esta partida, informó sobre la investigación interna abierta hace ocho meses en la Junta. Según apuntó hay 8.505 expedientes de subvenciones a entidades de diversa naturaleza (empresas privadas, entidades públicas, oenegés y ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades), de los que la Junta ha examinado 1.728 y ha resuelto en firme cuatro reclamaciones por valor de poco más de un millón de euros. Existen abiertos un total de 56 expedientes de reintegro, a la espera de las alegaciones de quienes recibieron las subvenciones, pero Alonso eludió dar la cifra de cuánto exactamente reclama la Junta. Alegó que “por seguridad jurídica y para evitar daños y perjuicios” no ofrecía más datos, tras recibir una reclamación en este sentido de “las empresas andaluzas”. El debate sobre el presunto fraude con los cursos de formación llegó al Parlamento después de que hace una semana trascendiera que hay una investigación policial en curso, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Ministerio del Interior, que ponía bajo sospecha los 2.000 millones de euros repartidos para la formación a desempleados. Los datos conocidos de la investigación apuntaron a un “fraude masivo” y señalaron la existencia de “empresas fantasmas” que recibían las subvenciones y nunca organizaron esos cursos. Desde que estalló esta polémica, el Gobierno andaluz informó de que estaba revisando internamente los expedientes y negó la grave dimensión que se atribuía a este caso. El consejero de Educación acusó al Ministerio del Interior de filtrar una información “sesgada y tergiversada”. “Seamos serios y responsables”, emplazó, “¿cómo es posible que en el caso de la Comunidad de Madrid nos encontremos con un gobierno daminificado ante un hecho aislado provocado por empresarios y aquí en Andalucía se trate el tema como una trama orquestada con su gobierno al frente”.Acusó al Ejecutivo de la Nación y al PP de “confundir” y de dar la idea de “corrupción generalizada” en Andalucía. El caso Aneri, de los cursos de formación fraudulentos en Madrid, suma un posible fraude de 17 millones de euros y 13 imputados. El momento de mayor tensión se vivió cuando Alonso señaló a una diputada del PP por Málaga, Antonia Ruiz, como receptora de 900.000 euros de estos fondos de formación. En la declaración de bienes de la diputada consta su participación en cinco empresas de formación y un saldo bancario de 1,2 millones. El consejero admitio que la organización de cursos de formación no han “estado a la altura” y defendió los cambios que introducirá la Junta para próximas convocatorias. Estas ayudas no se dan desde 2011. La Junta “reforzará los controles” y ninguna empresa que no haya justificado sus subvenciones, aseguró, volverá a optar a ayudas. La Cámara de Cuentas advirtió en un informe, de enero, de que el 89% de las ayudas para formación en 2009 se dieron sin control. La diputada de IU Rosalía Martín fue casi tan dura en su intervención como el Partido Popular. Denunció que ya en 2004 la Cámara de Cuentas emitió un informe previo en el que alertaba de irregularidades y cuyas recomendaciones “cayeron en saco roto”. Se alertaba, dijo, de un “funcionamiento caótico” y de “subvenciones millonarias y auténticos chiringuitos para sacar dinero”. Martín descartó, como han dicho sus socios del PSOE, que sea un “bulo” y aseguró que es “un escándalo en toda regla”.Exigió a la Junta “transparencia, celeridad y luz y taquígrafos” y no descartó una comisión de investigación si la nueva fiscalización encargada a la Cámara de Cuentas no aclara el presunto fraude. La secretaria general del PP-A, Dolores López Gabarro, denunció que “en diez años” el Gobierno andaluz “ni investigó ni actuó”. “Descontrol, irregularidades y falta de fiscalización, esa es la forma de gobernar del PSOE que ha ocasionado la red de tela de araña” que le mantiene en el poder, sostuvo. “Han hecho un negocio con la pobreza y los parados de Andalucía”, espetó a las filas socialistas. Se preguntó como se propone la presidenta Susana Díaz “ordenar el pasado, si ella ha sido parte de ese pasado de corruptelas”.

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