La Consejería de Medio Ambiente ha abierto un nuevo expediente sancionador al complejo minero Cobre Las Cruces (CLC), ubicado en suelos de Gerena, Guillena y Salteras, tras comprobar que se había producido un vertido de aguas residuales a un arroyo cercano de 80 metros cúbicos. Se trata "de aguas de contacto procedentes de la explotación minera" y ha afectado al cauce del arroyo Garnacha, según comunicó la Junta.
Técnicos de la Agencia Andaluza del Agua y agentes de Medio Ambiente que analizaron el vertido no han detectado en los primeros estudios "daños significativos" al entorno natural. "Los primeros análisis de la empresa no sugieren daños al medio ambiente al no detectarse variaciones en la conductividad de las aguas del Garnacha", añaden.
El motivo del vertido fue la rotura de una tubería que va desde la "balsa de agua de rechazo" hasta la planta hidrometalúrgica y la empresa minera "paralizó de inmediato" el bombeo y dio "por subsanada la avería". En cualquier caso, al tratarse de un vertido al cauce público, la Junta ha anunciado que abrirá un expediente sancionador una vez concluidos los informes de evaluación por parte de la Guardería Fluvial y los agentes de Medio Ambiente.
Asimismo, la Administración "adoptará las medidas adicionales necesarias para restaurar los daños que se hayan podido producir y evitar nuevos vertidos".
Mina Las Cruces, considerada la mayor explotación de cobre a cielo abierto de Europa, ya fue expedientada por la Junta tras comprobarse que había contaminado un acuífero de la zona y que había realizado sondeos sin permiso administrativo, actuaciones por las que se ha abierto un proceso judicial en la Audiencia de Sevilla.
En este nuevo vertido entra en juego otra vez la disputa entre la compañía y los ecologistas. Mientras Cobre Las Cruces aseguró que el vertido "no causó ningún tipo de afección", Ecologistas en Acción pidió elevar el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente y se atrevió a afirmar que no será el último expediente que recibirá la compañía en lo que queda de año.
Por su parte, y antes de darse a conocer la noticia, el consejero de Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, recalcó que la compañía CLC puede tener "potenciales riesgos" contra el medio ambiente como cualquier otra instalación, algo de lo que la Administración regional se encargará de "vigilar".
Ávila insistió en que "la protección medioambiental no es una política de gestos" y recordó que Andalucía es la comunidad con más superficie terrestre protegida en España en términos relativos, "tres veces más que la media de la UE". En cuanto a CLC, explicó que la Junta "debe tomar decisiones oportunas en política minera e industrial y garantizar el cumplimiento" de la ley.
