El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la modificación del decreto regulador de las ayudas a empresas para favorecer la contratación indefinida, vigente desde 2005, con el fin de adaptar a la actual coyuntura económica la duración mínima exigida para los empleos estables incentivados por la norma. Este periodo se fija en 24 meses, frente a los cuatro años establecidos originariamente tanto para las empresas ordinarias como para las denominadas Centros Especiales de Empleo (con al menos un 70 por ciento de personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento en sus plantillas).
Para estas últimas, el tiempo mínimo requerido será de 1.095 días.
El resto de las medidas previstas en el decreto se mantienen como hasta ahora, con un desarrollo que ha permitido la contratación indefinida de 33.732 trabajadores a través de más de 105 millones de euros en ayudas públicas.
Los incentivos autonómicos a para la contratación de carácter indefinido da prioridad a las pymes, las mujeres, los menores de 30 años y los colectivos con mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo (parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia doméstica, personas con discapacidad, ex reclusos, drogodependientes rehabilitados, usuarios del Programa de Solidaridad, inmigrantes y minorías étnicas).
Con carácter general y para todo el territorio andaluz, se establecen ayudas de entre los 3.000 y los 4.750 euros por cada contrato indefinido. No obstante, el decreto prevé mecanismos para discriminar positivamente a las microempresas y a aquellos sectores de actividad en los que las mujeres se encuentren poco representadas.
Para que las empresas puedan acceder a los incentivos, el decreto establece, como requisito imprescindible, que el trabajador contratado haya culminado un itinerario de inserción, orientación y formación profesional a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Antes de contratar a los beneficiarios, las empresas deben haber cursado su oferta a través de este servicio público.
En el caso de las pymes, se fija la condición de que al menos el 50% de la plantilla tenga carácter estable tras la incorporación de los nuevos trabajadores. Este límite se eleva hasta el 80 por ciento para las empresas con más de 250 empleados, que también podrán acogerse a las ayudas si las nuevas contrataciones logran reducir la temporalidad en un 50 por ciento.
Con el fin de garantizar la seguridad laboral, el decreto también excluye explícitamente del régimen de incentivos a aquellas empresas que hayan sido condenadas judicialmente o sancionadas por faltas muy graves en prevención de riesgos y por prácticas de discriminación laboral contra las mujeres.
Dentro de este marco regulador, se establecen cuatro grandes líneas de incentivos: ayudas a empresas de menos de 250 trabajadores, programas de fomento de la estabilidad laboral en empresas de más de 250 empleados, apoyos a la transformación de contratos temporales en indefinidos y medidas en las áreas de intervención preferente.
La primera de estas líneas destina ayudas de 4.750 euros para aquellas empresas de hasta diez trabajadores que contraten a mujeres, jóvenes menores de 30 años o colectivos definidos como vulnerables. Estos incentivos son de 4.250 euros por contrato en entidades de entre 11 y 50 trabajadores y de 3.000 euros en aquellas cuyas plantillas se sitúen entre 51 y 250 empleados.
CONTRATACIONES A MUJERES
En el caso de las contrataciones a mujeres, se da prioridad a aquellos sectores en los que tienen escasa representación, como el industrial, la construcción o los transportes. También se presta especial atención a la incorporación o reincorporación al trabajo tras periodos de maternidad o atención a personas dependientes. Respecto a los jóvenes menores de 30 años, las prioridades se centran en los sectores industrial, audiovisual, medioambiental, de servicios a las empresas, nuevas tecnologías y atención social.
El segundo de los cuatro bloques de incentivos, para empresas con más de 250 trabajadores, se canaliza a través de contratos-programas con la Consejería de Empleo. En ellos se recogen tanto las ayudas que se concedan como las políticas activas complementarias necesarias para fomentar el empleo estable.
En cuanto a los incentivos para favorecer la transformación de contratos temporales en indefinidos, el decreto prevé una cuantía de 3.000 euros para colectivos vulnerables y para mujeres y menores de 30 años en aquellos sectores con mayor índice de temporalidad, como la hostelería, el comercio y la construcción.
