La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ayer en el desayuno informativo organizado por el Diario Córdoba. / EFE
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, confirmó ayer que su Gobierno lleva siete meses revisando de oficio todos los expedientes de las ayudas de formación para los parados adjudicadas entre 2007 y 2011. Desde entonces no se convocan estas subvenciones. Díaz insistió en que será «implacable» contra la corrupción y aseguró que «si alguien ha actuado mal lo va a pagar».La dirigente socialista, en un desayuno del Diario Córdoba, se pronunció así sobre el presunto fraude que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que analiza las subvenciones dadas en Andalucía en el capítulo de formación para el desempleo, que suman 2.000 millones de euros los últimos siete años.
Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, que es desde hace un año responsable de esta partida, en los últimos siete meses, y en esta revisión de los expedientes de ayudas para organizar cursos a parados, se han formulado un total de 480 requerimientos de información y se han abierto 56 expedientes de reintegro. Tanto los servicios centrales como las delegaciones provinciales están revisando las ayudas. La Junta no ofreció el dato de cuánto suman las cantidades reclamadas a distintos organismos y empresas por falta de justificación en el uso de estos fondos. El Ejecutivo autonómico niega que esa revisión de los expedientes se haya hecho a raíz de tener constancia de la investigación policial y asegura que es anterior. La Seguridad Social reclamó a la Junta información en enero sobre un total de 17 expedientes de la provincia de Málaga que suman 1,5 millones de euros.
La Cámara de Cuentas ya alertó en febrero, tras realizar una auditoría de estos fondos, de que el 89% de las ayudas concedidas en 2009 se hicieron «sin concurrencia competitiva», como exige la Ley de Subvenciones. Entonces era consejero de Empleo Antonio Fernández, imputado y en libertad con fianza en el caso de los ERE. Las ayudas las repartía la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), dependiente de la Consejería, y según alertó el órgano auditor la mayoría de las ayudas no se justificaban y adolecían de control interno.
La norma que regulaba las ayudas para la formación a desempleados se cambió en octubre de 2009 y desde entonces los organizadores de los cursos (empresas, sindicatos, patronal y organizaciones sin ánimo de lucro) recibían el 75% de la subvención automáticamente y el 25% restante una vez que acreditaban que se habían impartido los cursos. Para los investigadores las alarmas saltaron cuando muchas de esas entidades en la provincia malagueña ni siquiera reclamaban el porcentaje pendiente de cobrar.
La última convocatoria de estas ayudas se remonta a 2011, aunque fuentes de la Junta alegaron ayer que el proceso es largo desde que se otorga la ayuda hasta que se culmina el expediente y que el pasado año se han podido estar impartiendo cursos con estas subvenciones. Hace justo un año, en abril de 2013, el Consejo de Gobierno aprobó una reordenación de las competencias y estos fondos pasaron de Empleo a Educación, con grandes críticas por parte de los sindicatos. El PP andaluz ya denunció entonces un «segundo fondo de reptiles», como el de los ERE, con los 4.000 millones administrados por el Servicio Andaluz de Empleo de 2001 a 2010. La Junta defendió que se trataba de una reordenación de competencias ante el nuevo Gobierno y negó sospechas de irregularidades.
Díaz reclamó ayer «respeto» a Andalucía y recordó que cuando en Madrid se destapó una supuesta trama fraudulenta con estos fondos, el caso Aneri, no se señaló al Gobierno. A su juicio, se ha aprovechado este caso para «hacer ruido» y dañar la imagen de Andalucía. Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, reclamó colaboración y aseguró que «no se investigan los territorios» sino a empresas y personas sospechosas.
