El Gobierno andaluz decidió ayer no esperar ni un minuto más para responder al último auto de la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso del supuesto fraude en las ayudas públicas al empleo. Alaya ha preguntado por escrito a la Junta si el método de ayudas directas donde se descubrió el fraude millonario -a través del denominado "fondo de reptiles"- se ha estado utilizando en otras consejerías, además de la de Empleo: Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca y Turismo.
La Junta emitió ayer un comunicado, antes de responder directamente a la jueza, para intentar cortocircuitar la idea de que el fraude se había extendido a otras áreas de Gobierno: "Que el juzgado pregunte a la Junta si las empresas de la presunta trama en cuestión han recibido ayudas de otras consejerías no supone que las consejerías estén siendo investigadas, sino que se quiere conocer si las empresas en cuestión se aprovecharon -supuestamente- de otras ayudas de la Junta", reza el comunicado.
En el último auto remitido al Ejecutivo andaluz, la jueza que investiga el caso ERE se pregunta si las ayudas mediante transferencia de financiación a través del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -donde uno de los principales acusados situó el "fondo de reptiles"- se concedieron en otras consejerías. La Junta sostiene desde el principio, y volvió a subrayarlo ayer, que "la línea principal de investigación aparece circunscrita a la Dirección General de Empleo y a un conjunto de empresas vinculadas entre sí". "Claramente no estamos ante un fraude generalizado, sino ante un fraude con nombre y apellidos, que en modo alguno cuestiona el conjunto de ayudas a empresas o trabajadores de la Junta", dice el escrito.
El Ejecutivo andaluz lamentó que el PP "aproveche" los autos judiciales para "proferir acusaciones falsas" contra el presidente José Antonio Griñán, e insistió en que el principal objeto de investigación "no es el Gobierno andaluz". "La Junta de Andalucía no está siendo investigada ni pesa sobre ella ninguna acusación", dice el escrito, donde se enfatiza que, además de parte acusadora, la Junta es "la colaboradora principal" del Juzgado número 6 en la investigación del caso ERE.
El Gobierno andaluz recuerda que ha venido remitiendo al juzgado de Alaya "una profusa documentación en relación con el caso", de la que, aclaró ayer, "parte de ella se ha enviado a solicitud del juzgado y parte a iniciativa de la propia Administración autonómica, como fue el caso de la relación de intrusos en las prejubilaciones -Empleo detectó 72 falsos prejubilados y 111 irregularidades administrativas-, el listado de empresas con subvenciones dudosas o sobre la presunta trama de empresas vinculadas entre sí, que la Junta investigó y puso en conocimiento del Juzgado sus conclusiones iniciales".
El escrito del Gobierno andaluz también destaca "la complejidad de la investigación y el rigor con el que viene actuando la Junta que impide reacciones inmediatas a la prensa sobre la información que demanda el juzgado", algo que, lamentó, "permite que el PP se aproveche de los autos para sembrar dudas o proferir graves acusaciones falsas contra el presidente Griñán que carecen de base y que son una absoluta manipulación".
El presidente del PP-A, Javier Arenas, defendió ayer que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "antes o después" tendrá que dimitir por "dilapidar 1.000 millones de euros de dinero destinado a los parados y trabajadores" en el caso de la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE). "Griñán es prisionero de la presunta prevaricación", dijo.
