La Consejería de Empleo, que niega “tajantemente” haber tenido “jamás” fondos ilegales, se encontró ayer con un informe policial y con la declaración del que fuera director general de Trabajo desde 1999 a 2008, Javier Guerrero Benítez, que señalan directamente la existencia de lo que se denomina un “fondo de reptiles” para empresas en crisis que ha gestionado en los últimos años 647,8 millones de euros.
Empleo alegó que las declaraciones de Benítez son “de parte e interesadas” y subrayó que está manteniendo una “colaboración activa” con la Administración de Justicia.
El informe de la Policía Judicial, difundido ayer por el diputado del PP Ricardo Tarno, es contundente al evaluar el resultado de sus indagaciones: “Todas las disposiciones económicas realizadas con cargo a estas partidas presupuestarias –que suman 647,8 millones de euros–, sin haberse seguido el procedimiento legalmente establecido y para sufragar parte del coste económico de planes de prejubilaciones de empresas en crisis, son además de nulas de pleno derecho, constitutivas de infracción penal por su arbitrariedad. Son dictadas a sabiendas de su injusticia”.
La pieza fundamental del informe policial es la declaración del que fuera director general de Empleo, Javier Guerrero Benítez –quien fue cesado el mismo día que firmó una de las pólizas del ERE de Mercasevilla de 2007–. Éste admitió ante la Policía que contaba con “un fondo de reptiles para crisis para empresas que necesitaban respirar”. Puso como ejemplo Guerrero el caso de Egmasa “en la que había que darle salida a la gente mayor y tener un cuerpo de incendios apto”.
Según concluye la policía este “fondo” consistía en “una transferencia de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que luego se transformó en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)” que desde 2000 “hasta la fecha” ha dispuesto de 647,8 millones. Según el relato de Guerrero, a quien Empleo ha responsabilizado de algunas de las irregularidades detectadas en el ERE de Mercasevilla, las ayudas para los expedientes de empleo no estaban reguladas. “Hubo ocho borradores de decreto y diez de órdenes, pero como era un tema de atención exclusiva a crisis muy particularizadas en el territorio nunca se llegó a tramitar”.
A partir de estas declaraciones, la Policía realiza un análisis de los expedientes tramitados y sólo detecta, según este informe, un caso en el que se pueda comprobar una tramitación completa de las subvenciones: la ayuda en 1998 a Ebro Puleva para sufragar un plan de prejubilaciones. En otros expedientes, entre los que aparecen nombres como Santana, Franja Prítica de Huelva, Cárnicas Molina, Dhul o Yogures de Andalucía (casos mencionados por el ex director general) la Policía no puede comprobar que se hayan realizado todos los trámites administrativos.
Según destaca el informe policial, en subvenciones inferiores a tres millones de euros la competencia es del consejero y en aquellas superiores la responsabilidad es del Consejo de Gobierno, pero el director general de trabajo es “incompetente” para el otorgamiento de las ayudas. Además, el estudio advierte de que no se cumple la publicidad exigida y sólo en un caso, la citada de Puleva, se difunde en el BOJA.
Este informe policial es la base del requerimiento que realizó en su último auto la juez Mercedes Alaya. La magistrada reclamó a la Junta que remitiera toda la relación de subvenciones y ayudas públicas y contrataciones de pólizas para los ERE desde 2002.
El consejero de Empleo, Manuel Recio, negó ayer a este periódico “tajantemente” que en la Junta “haya existido o exista ningún fondo ilegal”. “Todos los procedimientos que se aprueban están reglados y dentro de la más absoluta regularidad”, subrayó negando la letra de un informe de la Policía que, insistió, no conoce más que “a través de los medios de comunicación”.
Recio también rechazó la posibilidad de que este tipo de subvenciones presuntamente fuera de la legalidad pudieran haberse articulado a través de la empresa pública IFA, después IDEA, dependientes de la Consejería de Innovación. “No es posible, estas empresas están sometidas a la intervención de la Junta de Andalucía y cualquier posible subvención que otorguen están sometidas a un estricto control de legalidad”, insistió el titular de Empleo. Sobre la posibilidad de que ordene una nueva investigación interna en su Consejería a la luz de los últimos datos conocidos, Recio aseguró que lo decidirá cuando tenga oportunidad de examinar detenidamente la documentación que tiene la jueza.
