El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte propondrá un reparto del fondo estatal para la dependencia que tenga en cuenta el número de usuarios realmente atendidos, tal y como pedía Andalucía, si bien la Junta no ha logrado que éste sea el criterio predominante.
La propuesta del Gobierno, presentada ayer en la Comisión delegada -integrada por directores generales de los Ejecutivos autonómicos- y que tendrá que votar el Consejo Territorial -formada por los consejeros- prevé que el número de personas atendidas pese un 20% en el reparto del marco de cooperación del fondo (283 millones de los 1.158 que distribuirá el Estado), si bien el 80% restante vendrá determinado por los criterios usados tradicionalmente (como población mayor, extensión territorial, diferencias de renta o emigrantes retornados).
Aunque la consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, señaló la semana pasada que el deseo de la Junta es que el peso de los usuarios atendidos fuera mayor -este criterio ya se introdujo en el reparto de un fondo extraordinario de 400 millones para dependencia librado por el Gobierno-, la secretaria general para la dependencia, Purificación Causapié, manifestó ayer su "satisfacción" con la propuesta presentada por el Ministerio en la Comisión delegada porque "va en el camino de lo que Andalucía defiende".
Causapié destacó además que con esta forma de reparto "es muy importante el salto que da Andalucía" ya que de los 283 millones, le corresponderán unos 56,5, lo que supone el 20% del total cuando el año pasado la comunidad andaluza recibió el 17,5%. No obstante, dejó claro que será en el Consejo Territorial donde la Junta decidirá si apoya o no este reparto.
