De las 545 plazas para funcionarios, 270 corresponden a acceso libre (150 en la escala básica de administrativos y 30 para técnicos superiores de administración, los grupos más numerosos y demandados) y 275 a promoción interna (150 del grupo C y 20 del grupo A2 de gestión administrativa). El año pasado, a las 720 plazas de funcionarios de acceso libre aspiraron 63.557 opositores.
La oferta no incluye plazas para personal laboral y los sindicatos denuncian que aún están pendientes de resolución todas las convocadas el año pasado y sin adjudicar las de 2007, al tiempo que cuestionan si no hay en este ámbito efectivos que reponer ni temporalidad que consolidar.
Aunque la Consejería de Justicia y Administración Pública afirma que la oferta ha sido "negociada con los sindicatos" y "confía en que se apruebe próximamente el acuerdo" para desarrollarla, las centrales presentes en la mesa de ayer hablan de "imposición", "desprecio", "actitud dictatorial" y "falta de respeto" a la negociación.
"Es el mayor escándalo sindical en la gestión de la negociación de una oferta de empleo público", denunció la responsable del sector de Administración Autonómica del CSI-CSIF, Alicia Martos. El sindicato mayoritario entre los funcionarios pidió el "cese inmediato" del secretario general para la Administración Pública, Rafael Cantueso, y el director general de Función Pública, Manuel Alcaide.
"Filtraciones". Tanto CSI-CSIF como el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF)denunciaron que ambos políticos se negaran ayer a facilitarles la información solicitada para hacer su propuesta de plazas necesarias y que conocieran la oferta en la misma mesa y no una semana antes de la reunión, como la administración está obligada a remitirles, mientras que "ha habido una filtración a las academias y a un foro de opositores".
En un comunicado, la Consejería de Justicia y Administración Pública reconoce que la oferta estará "condicionada por la austeridad" presupuestaria y "la actual coyuntura económica", si bien defiende que da "una respuesta adecuada a las necesidades de la administración y la ciudadanía", y destaca que está orientada principalmente a "puestos dedicados a la atención a la dependencia".
Los sindicatos afirman que son conscientes de la crisis y aunque su principal queja está en la falta de negociación y no en la cifra en sí, CSI-CSIF critica que no salgan plazas de informática "cuando la Junta tiene todos los servicios informáticos externalizados, lo cual quiere decir que hacen falta", al tiempo que el SAF denuncia el incremento de empresas públicas "con empleos en precario" y encomiendas de gestión para ejercer funciones "que por ley corresponden a funcionarios". Recientemente, el TSJA suspendió una encomienda de gestión a Sadesi tras una denuncia de este sindicato, que se reserva el derecho a "actuar a través de las vías legales" a su alcance contra la oferta "impuesta".
La oferta de 2010 es la más reducida de los últimos años, un recorte ya iniciado el año pasado cuando, pese a unir en una misma convocatoria dos ofertas de empleo público -ya que en 2008 no hubo- la Junta sacó a concurso 2.157 plazas (1.365 para funcionarios y 792 para personal laboral), la mitad de las 5.510 ofertadas en 2007 (cuando hubo un incremento al superar las 4.651 sacadas el año anterior).
En este sentido, el Sindicato Andaluz de Funcionarios alerta del "déficit acumulado" estos años al quedarse plazas desiertas y ante la reducción de la tasa de reposición del 30 al 15% de las bajas o jubilaciones, al tiempo que llama la atención por qué "casualmente" las cifras de plazas convocadas "aumentan si es año electoral".
