En Andalucía se producen 45 desahucios al día.
La Junta no tiene, por ahora, un plan B que contrarreste el duro revés que ha supuesto la paralización del decreto antidesahucios por parte del Tribunal Constitucional (TC) tras el recurso del Gobierno del PP. La Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), está convencida de que el Alto Tribunal les dará finalmente la razón porque la norma es, a su juicio, plenamente constitucional, pero hasta que el TC tome una decisión en firme, es como si el decreto nunca hubiera existido. El Ejecutivo andaluz entiende que los cinco meses de suspensión cautelar de la ley andaluza provocan un daño ilimitado porque miles de familias en situación de emergencia social quedarán desprotegidas. Para evitar esa falta de cobertura, la Junta solicitará formalmente al Constitucional a finales de este mes que levante el veto al decreto antidesahucios al menos durante estos cinco meses.
No es una estrategia procesal nueva. La Junta la ha usado ya para pedir que se levante la suspensión de la subasta de fármacos, otro de los grandes conflictos que mantiene con el Gobierno de Mariano Rajoy. Ahora, la Dirección General de Vivienda, que dirige Antonio Ibáñez, uno de los padres del decreto, va a presentar, en coordinación con los servicios jurídicos, un escrito ante el Constitucional para que se anule la suspensión de la ley antidesahucios, explicaron fuentes de la consejería. En paralelo, el departamento de Elena Cortés trabaja para presentar a principios de septiembre las alegaciones al denso y complejo recurso que interpuso el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra el decreto andaluz.
Lo que persigue la Junta es que durante los meses que transcurran hasta que el Constitucional tome una decisión en firme unos cinco, siga vigente la protección social que proporcionaba el decreto y, sobre todo, su efecto disuasorio. El Gobierno andaluz argumentará el especial interés social de la norma para demandar esta solicitud extraordinaria. Defenderá que en los tres meses que ha estado en vigor, la ley ha acreditado una utilidad innegable en la protección del derecho a la vivienda de la población especialmente vulnerable y en riesgo de exclusión social. La consejería advierte de que el número de personas que quedan en riesgo de desahucio durante la suspensión cautelar del decreto es ilimitado, porque la norma ejercía un poder disuasorio en todos los casos.
Y es que, según defiende la Junta, el efecto social del decreto no solo puede medirse en las 18 familias que han podido seguir en sus casas gracias a que la administración autonómica ha expropiado el uso de sus viviendas a los bancos para evitar un desalojo. Ahora todas estas familias están en el limbo, a merced de la decisión del juez que lleve su orden de desahucio. La consejería, aún así, se va a dirigir al poder judicial para reclamarle sensibilidad con los casos más graves. Tampoco limitan desde la consejería los beneficios del decreto a las 500 familias que han solicitado protección en las oficinas provinciales antidesahucios y que, si cumplen con todos los requisitos, también podrían acogerse a la expropiación. El decreto, alegan desde la Junta, sigue siendo útil porque cada día decenas de familias piden ayuda en estas oficinas.
El argumentario // La expropiación es el aspecto más polémico de la norma andaluza y uno de los puntos contra el que dispara directamente el Gobierno en su recurso ante el Constitucional. El Ejecutivo central sostiene que la expropiación temporal (durante tres años) del uso de una vivienda vulnera el derecho a la propiedad e invade competencias estatales. También arremete contra las sanciones que prevé el decreto (de hasta 9.000 euros) para los grandes propietarios (bancos, inmobiliarias o sociedades de gestión) de viviendas vacías. El otro gran enemigo del decreto andaluz antidesahucios ha sido Bruselas, que en varias ocasiones ha alertado de que esta norma puede afectar negativamente a la estabilidad de la banca y la recuperación económica de España.
A favor de la ley se han expresado juristas y expertos. La asociación Jueces para la Democracia ha avalado la constitucionalidad de esta norma y ha recordado que Andalucía, conforme al artículo 56 del Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, ordenación del territorio y urbanismo. Y ha repetido los mismos argumentos de la Junta, esto es, que hay dos sentencias previas del Constitucional que tumbarían la consideración de que el derecho a la propiedad es competencia estatal. Uno, el fallo sobre la reforma agraria de 1987, que determinó que la función social forma parte del contenido esencial del derecho a la propiedad y que se pueden establecer límites al mismo mediante leyes estatales o autonómicas. La otra sentencia es la de la ley del suelo (1997), que reza que el Gobierno no puede fijar una legislación uniforme de la propiedad privada y su función social.
