La Junta plantea cobrar un canon por el uso urbano del agua y por las subterráneas. Sin embargo, el borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua no concreta si habrá otra tasa en la agricultura a pesar de que éste fue el punto más polémico de la Ley del Agua que la Junta aparcó la legislatura pasada ante la falta de consenso del sector.
El canon para gravar los usos urbanos del recurso era el pilar central del borrador de la Ley del Agua. Sin embargo, el impuesto ecológico que proponía la norma incluía también todos los usos del recurso -turístico, industrial, agrícola-, con el objetivo de recaudar lo máximo posible para financiar infraestructuras hídricas con el objetivo de "mejorar el servicio a los ciudadanos en el ciclo integral del agua de uso urbano", según rezaba el texto de la ley. Los regantes se opusieron firmemente a este extremo -a pesar de que la norma recogía para este sector una exención al pago del canon de diez años- con el argumento de que el campo no tenía por qué pagar una infraestructura, la de las ciudades, que no era la suya.
Este extremo fue ratificado por el Consejo Económico y Social, que en su informe sobre la ley censuró su claro interés recaudatorio. Con la llegada de la nueva legislatura, el director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, anunció que el debate sobre los cánones al agua tenían que volverse a plantear, sobre todo en el caso del regadío. Sin embargo, el borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua no alude explícitamente a ninguna tasa extra para la agricultura, a pesar de que durante el mandato anterior fue el punto más discutido y que más enfrentó a regantes y administración.
De hecho, el portavoz de la Federación de Regantes de Andalucía (Feragua), Pedro Parias, aseguró ayer que "el canon a los regantes que planteó la Junta con la Ley del Agua en la pasada legislatura no se ha puesto de momento sobre la mesa".
A pesar de todo, la Junta, en sus propuestas, plantea, sin mayor concreción, la "modernización y agilización de la aplicación de las figuras básicas tributarias actuales", entre ellas el canon de riego, de manera que hasta que no empiecen las reuniones sobre fiscalidad entre Junta y los sectores implicados a finales de esta semana no se conocerá de qué manera planteará la administración autonómica revisar esta tasa ya existente. Fuentes de la Agencia Andaluza del Agua no aclararon ayer si la propuesta revisar este canon podría tener alguna relación con la tasa a los regantes que propuso en el borrador de la Ley del Agua y que éstos ya rechazaron de plano.
El borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua sí propone una nueva tasa, ésta para las aguas subterráneas, a la que los regantes no se opondrían "puesto que se trataría -explicó Parias- de emplear lo que se recaude en la constitución de las comunidades de usuarios de estas aguas para mejorar su gestión". Es decir, el beneficiado sería el propio sector y no otros.
Esta tasa sería pionera en España y responde a la preocupación de la administración por mejorar el estado de los acuíferos andaluces. Según el borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua alerta de que "la explotación de las aguas subterráneas se ha incrementado considerablemente en los últimos años amenazando con alcanzar los límites de la sostenibilidad (...) y en algunos casos [esta sobreexplotación] ha provocado su salinización".
En estos momentos, todas las comunidades españolas salvo Castilla y León, Extremadura y Andalucía disponen de algún tipo de impuesto ecológico sobre el agua. El objetivo de estos cánones es cumplir con la Directiva Marco de Agua, que fija 2015 como año tope para cobrar un precio real del agua.
La Junta puso la semana pasada el borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua en manos de los colectivos implicados -regantes, ecologistas, sindicatos, empresarios-. Las reuniones de trabajo para consensuar el texto final comenzaron ayer y, según las previsiones expuestas por la Agencia Andaluza del Agua, el texto definitivo debería estar cerrado antes de final de año.
