La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reiterado este miércoles que Andalucía no aplicará el copago en farmacia hospitalaria y ha anunciado que planteará antes del 1 de octubre el recurso de alzado contra la Resolución del 10 de septiembre de 2013, porque "queremos que se presente antes de que la medida entre en vigor". Asimismo, ha señalado que "la medida debe retirarse" y "así se lo haremos llegar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Comisión de Farmacia que se reunirá el 1 de octubre", ha afirmado.
Del mismo modo, en declaraciones a los medios en Sevilla, la consejera ha insistido en la postura "absolutamente contraria" de Andalucía al copago, una medida que "rompe la equidad del sistema, y afecta a personas que padecen enfermedades graves y que pueden dejar sus tratamientos". Además, ha recordado que "puede afectar a 90.000 personas en Andalucía" y a medicamentos que "tratan enfermedades tan graves como son todo tipo de cánceres y enfermedades infecciosas", patologías, añade, que "suelen estar asociadas a otro tipo de enfermedades que a su vez están copagando medicación en las oficinas de farmacia".
En este sentido, y por provincias, el número de personas afectadas por el copago en farmacia hospitalaria sería; en Almería, 3.793 personas; en Cádiz, 10.036; en Córdoba, 11.161; en Granada, 9.783; en Huelva, 3.110; en Jaén, 5.895; en Málaga, 27.273; y en Sevilla, 18.948 pacientes. Igualmente, la consejera, tras dejar claro que "la insumisión no ha sido la actitud de la Junta en ningún momento sino el compromiso como Estado", ha afirmado que "resulta materialmente imposible aplicar la medida en unos cuantos días sin lesionar los intereses de los enfermos que están con estos tratamientos". En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo andaluz ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto 16/2012 que regulaba el copago en los medicamentos, porque "entendíamos que invadía competencias de la comunidad autónoma en materia de salud pública, tan importante como la farmacia, una equidad del sistema básico para la salud de las personas que tienen enfermedades graves".
Del mismo modo, la consejera ha lamentado que el Ministerio "no les haya contestado" ante la pregunta de "por qué ha adoptado esta medida". En este sentido, ha explicado que el propio grupo de trabajo que se creó en la Comisión de Farmacia, "analizando cómo podría repercutir económicamente esta media en cuanto al ahorro, dijo que como mucho sería de un millón setecientos mil euros en todo España", y supondría "medio millón de euros de ahorro en Andalucía". "Si esto es así y el coste de la medida es mucho más caro que el ahorro que se produce, me pregunto cuál es el objetivo que se pretende", agrega Sánchez Rubio.
Así, Sánchez Rubio ha dicho que "no quiero ni pensar que el Ministerio se esté planteando que este tipo de medicación vuelva a la dispensación en las oficinas de farmacia", porque entonces el coste de esta medida en todas las comunidades autónomas "supondría al sistema un 50 por ciento más que el coste que ahora mismo hay en este tipo de fármacos". Al respecto, explica que si en Andalucía a la Sanidad "le cuesta 103.000.000 millones de euros al año, si volviera a la dispensación en las oficinas de farmacia le costaría 50 millones más como mínimo". Por tanto, insiste en conocer "qué intereses hay detrás de esta medida que no supone un ahorro y que tiene un coste grandísimo en el ámbito del sistema".
Por último, y cuestionada sobre que harán si el Ministerio se resiste a retirar esta medida, la consejera ha respondido que una vez se mantenga la reunión de la Comisión de Farmacia el próximo 1 de octubre, revelará qué actitud va a adoptar Andalucía si hay una resistencia por parte del Ministerio. No obstante, insiste en que espera que el departamento que dirige Ana Mato, "dé marcha atrás y retire esta medida ante la crítica generalizada".
