La Junta dará aún más facilidades para que los promotores se sumen a la conversión de viviendas libres que no logran vender en VPO. El tamaño de las habitaciones de estos pisos podrán variar un 15% y, además, todos los plazos burocráticos para la adjudicación de las casas se reducen a la mitad.
El Gobierno andaluz se está esforzando en dar salida al stock de 90.000 viviendas de renta libre que se han quedado colgadas por la crisis del ladrillo. Ha suavizado las condiciones para convertir estos pisos en VPO y, de paso, matar dos pájaros de un tiro: sacar rápidamente al mercado casas baratas para satisfacer la gran demanda y echar una mano al sector de la construcción, que pasa por un momento muy delicado. El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 establece facilidades para atraer a los promotores a esta iniciativa, que, de momento, no tiene muchos adeptos, porque al empresario no le suele salir rentable el trueque.
El plan -a través de la orden de desarrollo, publicada ayer en el BOJA- permite una desviación del 15% de la superficie máxima y mínima de cada estancia de la VPO, sin que el tamaño total varíe. También recorta a la mitad todos los plazos burocráticos para la adjudicación a los beneficiarios de la vivienda libre ya terminadas que se ha convertido en protegida.
Otra de las reivindicaciones de la patronal que la Junta ha atendido es la posibilidad de que las VPO que no se vendan en una promoción puedan alquilarse a los mismos agraciados. Además, se reduce de dos meses a 20 días el tiempo desde que un empresario comunica a la Consejería de Vivienda que el edificio está listo para el sorteo hasta que éste se celebra. El deseo de los promotores es suprimir los sorteos, porque su trámite es muy engorroso. Hay algunas excepciones que no necesitan rifa, como el caso de los alojamientos protegidos o los realojos. Ahora se amplía esta exoneración a aquellas promociones que se construyan en municipios que cuenten con un registro de demandantes -la futura ley de vivienda obligará a las localidades de más de 5.000 habitantes a crearlo-. El registro elegirá a los afortunados que cumplan con los requisitos exigidos para cada tipología de piso.
Ayudas más rápidas. La orden de la consejería incluye novedades para agilizar la concesión de ayudas. Los ayuntamientos y las familias con ingresos por debajo de 2,5 veces el IPREM -indicador similar al salario mínimo-, es decir, 16.443 euros al año, no tendrán que demostrar que están al corriente de los impuestos o deudas como multas para recibir la subvención. Antes, la administración asignaba las ayudas en grupo, a todos los compradores de un mismo edificio de VPO, por lo que si uno de ellos tenía alguna deuda, todo el expediente quedaba paralizado.
Y para aligerar los procesos, a partir del año que viene los andaluces podrán presentar por internet todos los documentos necesarios para solicitar las ayudas que se recogen en el Plan Concertado. Deberán tener el sistema de firma electrónica incorporado al DNI. Además, no hará falta entregar el DNI, la declaración del IRPF o los certificados de empadronamiento. El propio sistema informático buscará en las bases de datos públicas estas informaciones. Las ayudas al alquiler deberían cobrarse más rápidamente porque serán tramitadas por la Empresa Pública de Suelo (Epsa) y no por las delegaciones provinciales de Vivienda. Acelerar la rehabilitación es otra de las claves del plan. Se podrán realizar intervenciones en viviendas particulares en cualquier momento, sin que tengan que acogerse a un programa concreto y a sus plazos.
El espíritu del documento -que tendrá un órgano de participación donde estarán cuatro consejerías y las instituciones sociales- es garantizar un piso a precio asequible a las rentas bajas, de forma que no destinen más de un tercio del sueldo para la compra de una VPO o un cuarto si es en alquiler.
