La consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, ha avisado este viernes de que la Junta "radicalizará" su postura respecto a la impartición de la asignatura de Religión en el caso de que el Gobierno de la Nación mantenga su "bandazo al programa de máximos de la derecha" concretado en el veto a los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC).
Así lo ha anunciado durante una rueda de prensa en Sevilla en la que ha presentado los términos de un nuevo informe remitido al Ministerio de Educación sobre la reforma educativa, alertando de que si el departamento que dirige José Ignacio Wert mantiene su "radicalidad" se romperán consensos constitucionales en materia educativa.
No ha sido éste el único aspecto en el que la Junta se ha mostrado dispuesta a modificar su posición, ya que Moreno también ha rechazado la "visión privatizadora" en la que considera está incurriendo el Ejecutivo central con motivo de la tramitación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) al dar mayor peso en la programación de la red de centros a la enseñanza concertada.
Así, frente a la "moderación" y el "respeto" que defiende ha llevado por bandera el gobierno socialista respecto a los centros concertados y la impartición de Religión, la administración regional "no entiende una reforma radical que rompe el equilibrio, imponiendo una visión exclusivista". Por tanto, ha añadido, de confirmarse estos aspectos "a nadie cabría pedir responsabilidades de que posturas más de izquierdas se radicalicen", agregando que, pese a que aún hay tiempo, con su actual actitud el PP "va a abrir la caja de Pandora".
Estos aspectos han sido incluidos en un nuevo informe sobre la reforma educativa dirigido al departamento de Wert -ya se remitió el dictamen del Consejo Escolar Andaluz, un listado de puntos alternativos de encuentro y una serie de argumentos técnicos en los que basar las peticiones de la Junta- de cara a la próxima reunión de la Conferencia Sectorial del 19 de diciembre, que reafirma la posición de Andalucía "en defensa de la escuela pública y la igualdad de oportunidades, frente a la autopista de peaje para quienes puedan y carreteras secundarias para los demás".
Así, la Consejería incluye su reclamación para que pueda incluirse en la programación escolar la impartición de EpC -apoyada por el último pronunciamiento del Supremo, que estima que no hay adoctrinamiento en la misma-, suprimida en la nueva ley de todas las etapas educativas, o, en todo caso, de una asignatura que refleje valores culturales, sociales y constitucionales, "con el nombre que sea", así como que ésta se generalice en todo el alumnado y no se ofrezca como opción a la Religión, ya que la Junta considera que ambas materias son "compatibles" y, de hecho, la enseñanza religiosa debe obedecer a "una opción personal". Por otro lado, la consejera considera que el texto de la Lomce está escrito "al dictado de la privada por los enemigos de la escuela pública", habida cuenta de algunos aspectos incluidos en la normativa que desequilibran la balanza a favor de la concertada.
Entre ellos, ha citado la ampliación de cuatro a seis años del periodo de concertación en la Educación Primaria; el criterio de 'demanda social' en la programación de la red de centros, "lo que dificultará las atribuciones de planificación de la administración y favorecerá el aumento de litigios"; la supresión de la obligación de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes en las zonas de nueva población, lo que abre la puerta a la construcción de centros privados; o el estímulo a la publicación de clasificaciones y rankings de centros para alentar la demanda de determinados colegios y el trasvase del alumnado con más dificultades hacia la enseñanza pública.
Moreno también ha querido rebatir la visión "catastrofista" de la educación sobre la que el Ministerio fundamenta la reforma, aportando datos e indicadores que demuestran que el sistema educativo español y andaluz "ha recorrido un valioso camino". En este sentido, ha rechazado la "idea de fracaso" del sistema educativo, así como que se ponga exclusivamente "el foco en los problemas, y no reconocer los avances, como el paso de la escolarización de ocho cursos de la EGB a la situación actual, en la que la población permanece escolarizada entre los tres y los dieciséis años de edad, o el incremento de la escolarización infantil en los últimos años, entre otros logros". La consejera ha defendido que hay que mejorar y que "tenemos que meter la quinta o la sexta, pero no la marcha atrás", porque en educación es necesario "cambiar la velocidad, pero no la meta". El objetivo que defiende la Junta de Andalucía es el mismo para todo el alumnado, respecto a permitir que "cada joven llegue tan lejos como sea posible, pero en igualdad de oportunidades".
