El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas por suponer un "ataque frontal" a la protección del dominio público marítimo-terrestre y a las competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo, así como también por favorecer su privatización.
Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, quien ha apuntado que dicho recurso, --el séptimo que la Junta presenta al TC durante la presente legislatura--, se centrará en una decena de preceptos que, además de romper la distribución competencial entre el Estado y la comunidad autónoma, introducen ambigüedad e inseguridad jurídica en la protección definida por la Ley de Costas para los bienes de naturaleza pública.
En opinión de la Junta, con ello se pretende primar intereses particulares, favorecer la privatización de espacio litoral, limitar su uso público, reducir el papel garantista de la Administración y promover desarrollos urbanísticos insostenibles.
