El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, aseguró ayer que desde el ámbito de sus competencias se va a defender el autogobierno y autonomía local ante el atropello que supone el anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración Local, que aprobó ayer el Estado. En un comunicado, Valderas anunció que su departamento va a elaborar un informe con el posicionamiento del Gobierno andaluz en defensa del ordenamiento jurídico y las competencias garantizadas por el Estatuto de Autonomía; y se mostró convencido de que la reforma supone una verdadera deconstrucción de todo el terreno ganado durante los más de 30 años que han transcurrido desde que se implantó la autonomía local.
Valderas informará al Pleno del Parlamento, a petición propia, sobre los efectos de esta reforma en la que el Estado pasa a ser gestor, interventor y juez en las relaciones que de forma voluntaria y libre acuerden la Comunidad Autónoma y los municipios de su territorio. Según la Junta, la reforma sólo pretende justificar un ahorro de 7.100 millones de euros en lugar de fortalecer la autonomía local para mejorar los servicios públicos locales que prestan las entidades locales y de los que se benefician los vecinos de los municipios. Valderas denuncia el empecinamiento del Gobierno que sigue adelante con una reforma rechazada por los grupos de la oposición, numerosas asambleas legislativas, ayuntamientos y diputaciones de todos los signos políticos y el propio Consejo de Estado, que en el informe preceptivo para aprobar el proyecto cuestiona la constitucionalidad de algunos aspectos que regulará la futura norma.
También destacó que el texto aprobado colisiona con preceptos reconocidos por el Estatuto andaluz, que es profundamente municipalista, y supone una limitación al autogobierno de los andaluces. En este sentido, según dijo, la reforma impulsa el papel de las diputaciones provinciales, que pasarán a coordinar los servicios mínimos obligatorios que deben prestar los municipios de menos de 20.000 habitantes, incluyendo competencias como la gestión tributaria y la contratación centralizada entre otras. Otro de los aspectos cuestionados es la introducción del coste efectivo, un nuevo concepto que se regulará mediante orden ministerial, lo que significa que los municipios quedan automáticamente subordinados a lo que disponga el Ministerio competente en materia de Hacienda. Para la Junta, esto supone un atropello de la garantía institucional de la autonomía local sin precedentes, además de una manipulación explícita de lo dictaminado por el Consejo de Estado.
