El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, marcó ayer las líneas esenciales del curso político en la comunidad con una comparecencia tras el Consejo de Gobierno centrada en la cuestión que, junto a la evolución de la gripe A, más preocupa a los andaluces: la crisis económica. Sobre la mesa, dos mensajes de calado: no habrá subida de impuestos en aquellos tributos sobre los que tiene competencia la Junta ni tampoco se colaborará en el pago de los subsidios de 420 euros a los parados a los que se les agote la prestación. Esto último puede haber sorprendido a algunos, sobre todo por lo que tiene de rechazo a la petición expresa formulada un día antes por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en el sentido de que las regiones "deberían ahorrar" para financiar la futura ampliación de esta ayuda a los desempleados de sus comunidades. Pero es que no cabe otra opción ni otra respuesta ante una petición tan sorprendente. La Administración autonómica no tiene competencias en prestaciones por desempleo y, por tanto, no puede dedicar un solo euro a este cometido, y menos en un tiempo como el actual, en el que la Junta prepara el presupuesto más austero de los últimos años. No se trata de una cuestión de insolidaridad, que no la hay, sino de mero reparto de competencias y de que cada Administración trabaje en lo que le corresponde y, como dijo ayer Griñán, "ejerza sus competencias y no las de otro". En cuanto a la decisión de no subir los impuestos, es coherente con las directrices que prepara el Ejecutivo en materia de política fiscal y que fueron fijadas por Zapatero en el Consejo de Ministros del 28 de agosto. El Gobierno ha decidido, tras algunos titubeos y declaraciones contradictorias, que sólo se estudiarán las subidas tributarias de las rentas del capital. La Junta sigue el mismo criterio y mantendrá sin cambios sus tramos impositivos del IRPF, algo lógico y que evita asimetrías entre regiones que serían mal entendidas por los ciudadanos.
