Desde que se enteró que el Estado quiere suprimir las subvenciones a las comunidades para la compra de VPO, la Junta ha tardado una semana en responder cuál será el impacto sobre su ambicioso Plan de Vivienda. Nadie en el Gobierno andaluz se dio prisa por hablar, hasta que ayer la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, zanjó las dudas, manifestó su profundo rechazo por estas medidas, advirtió al Estado de que dañará "el derecho de acceso a la vivienda de los ciudadanos" y abrió un nuevo cisma político entre dos gobiernos del mismo signo (PSOE) a cuenta de los recortes y la contención del déficit público.
Aguilar se encontraba ayer en la conferencia sectorial de vivienda, en Madrid, escuchando los detalles del tijeretazo que el ministerio va a darle al plan de vivienda social, y por extensión a la ley de vivienda andaluza. Los recortes que ha diseñado la ministra Beatriz Corredor significan la supresión de las ayudas directas que hasta ahora recibían los ciudadanos para la compra de una VPO y las subvenciones que obtenían los promotores para construirlas. Significa un golpe letal en la línea de flotación de una de las políticas sociales más mimada por el Gobierno andaluz, tanto que incluso se blindó el derecho a la vivienda en el nuevo Estatuto, para que el ciudadano pudiera denunciar a la administración -a los ayuntamientos- si no accedían a una casa digna.
La consejera dejó patente el "total desacuerdo" con las propuestas de Corredor. "Si al final se aprueban como están, presentaremos alegaciones", dijo, "esto afecta al derecho al acceso a la vivienda de los ciudadanos. El ministerio se lo está poniendo más difícil". Sin que se haya perfilado aún el plan de recortes de Vivienda, fuentes de la Junta ya calculan que Andalucía podría perder en torno a 100 millones de euros al año en subvenciones. Con ese dinero, el Gobierno andaluz sufragaba íntegramente las ayudas a familias con rentas bajas (hasta 8.000 euros) y a los promotores (hasta 2.000 euros). "Sumamos dos elementos negativos que tienen un impacto desde el punto de vista social y también económico", dijo Aguilar.
A cambio de retirarlas, el ministerio flexibilizará las condiciones de las hipotecas y en vez de permitir que se cubra el 80% del valor de una VPO, podrán pedir hasta el 90% del total. Ésta no es una medida que desagrade a las comunidades -de hecho ya lo venían reclamando los sindicatos- pero el problema es que el crédito bancario sigue fluyendo con timidez y las familias con menos ingresos lo sufren más. De cualquier modo, las tesis de Beatriz Corredor despertaron un malestar casi unánime en el resto de comunidades.
Aguilar explicó tras la reunión que sí comparte la necesidad de un reajuste y que las políticas de alquiler y rehabilitación sean prioritarias, pero no que se sustituya la ayuda directa a la entrada de una VPO por la ampliación de la hipoteca hasta el 90% del valor. Corredor se había ausentado de la conferencia sectorial unos minutos antes para anunciar su intención de eliminar la llamada reserva de eficacia este mismo año, retirando el presupuesto estatal adicional para las comunidades que superen los objetivos convenidos (un dinero con el que ya contaba la Junta) y que no renovará la subvención para las ventanillas únicas, prevista hasta 2013.
Propuestas. Para no incidir en su abierta oposición al Gobierno, Aguilar repitió mucho las palabras "diálogo" y "lealtad institucional", y se aventuró a proponer alternativas, como fijar unos niveles de riqueza para ver quién necesita más la ayuda y seleccionar mejor "a qué capa de población hay que seguir ayudando para comprar una VPO". Esto serían recortes, pero impactarían "mucho menos", dijo.Corredor adelantó que se compensará la retirada del pago de las ayudas con los fondos ya transferidos a las comunidades en concepto de subvenciones aún sin justificar (628 millones de euros), y Aguilar le replicó que Andalucía ha justificado el uso de todas las ayudas recibidas. La portavoz de Vivienda del PP-A, Alicia Martínez, acusó ayer a la Junta de no hacer valer la ley andaluza de Derecho a la Vivienda.
El plan de vivienda 2008-2012 comprometía 11.000 millones de euros de fondos públicos para hacer 300.000 VPO en 10 años.
