El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros un real decreto por el que incorpora a diez ciudades españolas entre las denominadas como zonas de gran afluencia turística, que tienen como característica común la libertad absoluta de horario comercial, y entre ellas hay tres andaluzas: Jerez de la Frontera, Almería y Marbella. Y es aquí donde se reabre el litigio que mantiene la Junta de Andalucía con el Gobierno central y que ya motivó la presentación por parte de la Junta de un recurso de inconstitucionalidad por el real decreto ley de julio de 2013 por invasión de competencias en materia de horarios comerciales, puesto que éstas corresponden en exclusiva a Andalucía tal y como recoge su Estatuto de Autonomía.
La Consejería de Turismo y Comercio, que comanda Rafael Rodríguez, consideró ayer «inaceptable» que se vuelvan a recortar competencias sin esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso planteado. Un ataque contra el que plantea «rebelarse», en sintonía con la opinión que defiende el pequeño comercio andaluz agrupado en la patronal CECA. En los próximos días está previsto que se celebre un Pleno del Consejo Andaluz de Comercio en el que las distintas organizaciones del sector y la Consejería debatirán las actuaciones a emprender «para impedir este nuevo ataque al Estatuto de Autonomía».
El Gobierno autonómico respondió así a la nueva normativa del Ejecutivo central que «obliga» a las comunidades a declarar más ciudades con zonas de gran afluencia turística, aunque éstas no lo hayan solicitado remarcó la Consejería, de manera que se reducen a la mitad los umbrales establecidos para entrar en ese grupo. Se rebaja hasta los 100.000 el número de habitantes y a 600.000 pernoctaciones turísticas en el año anterior y / o más de 400.000 pasajeros en cruceros turísticos. Con estos baremos, diez nuevas ciudades tendrán que declarar al menos una zona de gran afluencia turística: San Sebastián, A Coruña, Salamanca (ya declarada), Santander, Oviedo, Gijón, Almería, Marbella (ya declarada), León y Jerez. Los ayuntamientos serán los responsables de delimitarlas y las comunidades, de declararlas. Para ello, el Gobierno da un plazo de seis meses y, en el caso de no hacerlo, se incluirá a todo el municipio como zona de gran afluencia turística; también si no se declaran en dos meses en las ciudades ya afectadas por el real decreto ley 20/2012.
Los umbrales establecidos en la norma de 2012 (200.000 habitantes y un millón de pernoctaciones) dieron lugar a la declaración de catorce ciudades. A estas ciudades se sumaron posteriormente declaraciones voluntarias de otros municipios como Ávila, Valladolid, Salamanca, Badajoz y Cáceres, Mérida y Ceuta.
La Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) consideró ayer «innecesario» un aumento de zonas porque «no contribuye al incremento de ventas y empleo» y es «inoportuna» en el actual contexto económico, ya que lleva a una situación de «desventaja competitiva» respecto de otros formatos comerciales. Mantiene que el «grave problema» que viene padeciendo el comercio en Andalucía es la crisis de consumo y que la recuperación del sector no se soluciona dotando de mayor número de zonas, sino mediante «la adopción de medidas que permitan reactivar el consumo de los hogares».
Sevilla. Por contra, en Sevilla piensan todo lo contrario. El presidente de la Comisión de Movilidad de la CES y miembro de su comité ejecutivo, Tomás González, entregó ayer a la concejal socialista, Susana López, la propuesta presentada al Ayuntamiento por el empresariado sevillano y le pidió el apoyo de su grupo municipal a una propuesta «que ha sido consensuada entre todos los sectores empresariales afectados» y que justifica en que «son momentos de oportunidad y estamos obligados, por responsabilidad, a intentar aprovechar las ventajas competitivas de esta época del año en la ciudad».
