El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, consideró ayer "lamentable" que el Gobierno andaluz "aún no haya cobrado de la empresa Boliden", que no ha efectuado ni un pago de los más de 90 millones de euros que debe pagar a la Junta por los costes y gastos asumidos para hacer frente a los trabajos de restauración de la cuenca del Guadiamar derivados del vertido producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar, del que se cumplieron ayer trece años.
El titular de Medio Ambiente señaló a los periodistas, tras participar en la inauguración de un Congreso Internacional sobre depuración de aguas, que "lamentablemente no han cobrado aún nada y no es porque no haya motivos o porque la Junta de Andalucía no haya realizado todo el trabajo necesario desde el punto de vista jurídico para reclamar lo que es nuestro".
La cantidad a abonar por el Grupo Boliden asciende a la cantidad de 89.867.545,56 euros. Este sería el coste total de la regeneración reclamada, aunque hay que añadir que la Junta de Andalucía adquirió la titularidad de las tierras y decidió convertir ese espacio en un Corredor Verde. Esta compra supuso un coste adicional, con lo que la operación ascendió hasta los 142 millones de euros.
La empresa, según indicó Díaz Trillo, adeuda aún el dinero reclamado por la Junta de Andalucía y el Gobierno central, 44 millones de euros. En este sentido, hay que precisar que de los casi 90 millones que reclama el Gobierno andaluz, a la Consejería de Agricultura y Pesca le corresponde 46.979.379,26 euros por la primera fase de retirada de lodos; a la Consejería de Medio Ambiente le debe 14.460.050,71 euros por la segunda fase de retirada de lodos, 2.483.913,55 euros por el control y seguimiento de la calidad ambiental, 5.231.515,95 euros correspondiente a la restauración ecológica, y 2.093.661,17 euros asistencia técnica y actividades complementarias. Por último, a la Consejería de Salud le corresponden 2.065.585,40 euros por actuaciones sanitarias.
"En Andalucía, como en Europa, el que contamina paga", aseguró el responsable de Medio Ambiente. Además, explicó que la empresa "está condenada a pagar aquel desastre, que pudo evitarse gracias a un esfuerzo colectivo, una tarea que refleja el correcto porvenir del corredor del Guadiamar, pero que supuso una inversión por parte de la Junta y el Estado importante que debe la empresa".
Por otro lado, afirmó que "son demasiados años y no debiera ser así", en referencia al impago de los costes de la reparación de las consecuencias medioambientales causadas por la empresa. En este sentido, indicó que la Junta ha puesto todos los medios que dispone a su alcance para que "se haga justicia" y añade que, precisamente, está en manos de la Justicia la resolución final de este conflicto.
Justo ayer lunes se cumplieron trece años de la rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa. Fue en la madrugada del 25 de abril de 1998, provocando el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar.
La mayoría de los proyectos que se realizaron para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.
