Los sindicatos de funcionarios denunciaron ayer que la Junta diga que está abierta al diálogo para la reordenación del sector público mientras continúa con su "hoja de ruta" para desarrollar el decreto-ley "impuesto". Consideran la tramitación de éste en el Parlamento como Proyecto de Ley para que los grupos de la oposición y los sindicatos se pronuncien una mera operación de "maquillaje en las formas". La prueba, dicen, es que sin esperar a esta tramitación, ayer les presentó en Mesa Sectorial los Estatutos de las nuevas Agencias Públicas para que estén en vigor el 1 de enero.
La reunión de la Mesa -en la que están representados UGT, CCOO, CSIF, Safja y Ustea- se celebró en la sede del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas y no faltaron las protestas en la calle y en los pasillos del edificio. Safja se levantó de la reunión tras leer un documento con su posición contraria al decreto. Denunció que incluso en el caso de la Agencia del Conocimiento y el Servicio Andaluz de Empleo haya habido apenas dos días de plazo para las alegaciones y ya haya expirado. "Esas ajustadísimas fechas, no nos impidieron presentar las alegaciones oportunas pero es casi imposible, no hay tiempo material suficiente, que se hayan tenido en cuenta. ¿Dónde está entonces la negociación?", señaló su vicepresidente, José Manuel Mateo.
Csif y Ustea también expresaron su rechazo al texto y pidieron la derogación. La responsable del sector de Csif, Alicia Martos, también cuestionó la voluntad negociadora de la Junta. "Siguen con su hoja de ruta, incluso saltándose el principio de jerarquía normativa al llevar los Estatutos, que son el desarrollo reglamentario de una ley, cuando la ley ni siquiera ha empezado a debatirse en el Parlamento, lo que demuestra que es un mero maquillaje de formas y que el decreto impuesto está plenamente en vigor". "Dicen que hay que hacerlo antes del 1 de enero -así aparece en el decreto- y que si luego tienen que cambiarlo lo harán", señaló Martos, que denunció "la inseguridad jurídica, que ya la gente no sabe que está vigente y que no". El decreto inicial de julio fue sustituido la semana pasada por uno nuevo que incluye cambios acordados con UGT y CCOO.
privatizaciones. El sector público también copó ayer la comparecencia en comisión parlamentaria del consejero de Economía, Antonio Ávila, quien ante las acusaciones del PP, negó rotundamente que la Junta haya emprendido o vaya a llevar a cabo un proceso de privatización y defendió la entrada y salida de capital público para "salvar o fomentar" a entidades de sectores estratégicos.
El diputado popular, Salvador Fuentes, denunció que la Junta está "privatizando de espaldas" al Parlamento mediante la venta de paquetes accionariales, mientras "cuelgan al PP el mochuelo" de las privatizaciones. Esgrimió un informe de la Cámara de Cuentas que revelan "enajenación de acciones sin dar explicaciones públicas". Ávila defendió que "entrar y salir en el capital de determinadas empresas no es en absoluto privatización" y afirmó que lo seguirá haciendo "para apoyar el tejido productivo" andaluz.
El debate desembocó en un reproche mutuo sobre las privatizaciones realizadas por los gobiernos de Felipe González y José María Aznar.
