Hace un mes, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, trazó la hoja de ruta económica de su Gobierno en el Parlamento y marcó un punto de inflexión. Por vez primera apostó nítidamente por rescatar al sector de la construcción y dejar de «demonizar» a un segmento crucial en Andalucía que ha dejado en la cuneta a 600.000 trabajadores, la mitad de los parados andaluces, tras el pinchazo inmobiliario. Sonó distinto. En parte, Díaz formulaba una enmienda a la totalidad a la gestión de su Gobierno, que desde que estalló la crisis ha optado por lastrar la inversión en obra pública, ha endurecido las normas urbanísticas, con planes tan contestados como el decreto del litoral en fase de alegaciones y con 4.000 enmiendas de los ayuntamientos y que no había hecho, hasta entonces, ningún guiño a favor del ladrillo. Desde aquel viraje, la Junta ha anunciado un plan de 200 millones para rehabilitar edificios, que ayer se comprometieron a poner en marcha en marzo, y ha avanzado un futuro plan de rehabilitación de infraestructuras turísticas, aún por definir y enfocado especialmente a renovar el parque hotelero de la Costa del Sol. También se ha emprendido una reforma legal para acortar los trámites burocráticos de los planes urbanísticos municipales. Ayer se sentaron por vez primera con empresarios y sindicatos tras meses sin diálogo.
El giro del Gobierno de Susana Díaz, donde también se sienta IU ostentando, además, dos carteras clave en estos planes:Fomento y Turismo, fue recibido por la patronal entre aplausos y escepticismo. Ayer el Ejecutivo autonómico logró, en parte, remontar esas reticencias de constructores y promotores que no ocultan que durante los últimos años se han sentido maltratados. La presidenta, durante su intervención, puso el foco en la inminente inversión de 200 millones de euros. Además se comprometió a que en octubre esté sobre la mesa un Plan Integral de Impulso para el Sector de la Construcción Sostenibles en Andalucía, que marcará las directrices a cinco años vista (2015-2020). Díaz anunció también que la Junta va a poner en marcha un plan para reformar sus edificios públicos y adaptarlos a las nuevas recomendaciones europeas sobre eficiencia energética. La Junta tiene claro que estos planes deben de tener un impacto directo en el empleo y la diana está en los parados de la construcción entre 45 y 50 años, que han perdido su empleo por la crisis del ladrillo, con cargas familiares y pocas posibilidades de reciclarse en otros sectores. El mensaje de la socialista también marcó, continuamente, una línea roja: «Tenemos que aprender la lección y no volver a caer en los errores del pasado». Con la lección aprendida, según la presidenta, el objetivo es dar salida a un sector «de arrastre», como es el de la construcción para la economía andaluza, que ha perdido 356.000 empleos directos entre 2007 y 2013 y que ha cerrado 32.009 empresas. Los más convencidos ayer fueron el flamante presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz. Los empresarios también llevaban su lista de peticiones: que se recupere la inversión en infraestructuras, que se agilice el pago a proveedores donde avisó que quedan todavía muchas facturas pendientes de abonar y que se reduzcan las cargas burocráticas. Ese mensaje es omnipresente en el discurso de los empresarios, que alertan desde hace años de que los vaivenes y enredos en la política urbanística del Gobierno andaluz ahuyentan la inversión. También se reclamó una apuesta por recuperar las energías renovables. González de Lara advirtió de que en estos años se han perdido en la construcción «más de 35.000 millones de euros de inversión productiva». Desde los promotores, Arranz declaró sentirse «entusiasmado» por la «decisión clara y contundente» de la Junta.
El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, consideró «muy positiva» la reunión y su homóloga en UGT-A, Carmen Castilla, consideró el encuentro «bastante positivo» y pidió que se recupere empleo «de calidad». Es la primera vez en meses que la Junta vuelve a sentar a la mesa a patronal y sindicatos tras la brecha abierta por las distintas irregularidades destapadas en los fondos públicos y sin que haya noticias sobre la recuperación del diálogo social, con el pacto de concertación desde hace meses caducado.
