A la Junta se le notificó ayer por la mañana el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que ordena a la jueza que instruye el caso del fraude en los ERE, Mercedes Alaya, devolver las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos diez años. Unas horas después, los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz enviaron un escrito a la jueza pidiéndole que fijara cuanto antes el día de la devolución. El inminente regreso de las actas a San Telmo sirvió ayer a la Junta para sacar pecho y para apremiar, una vez más, a la jueza Alaya para que eleve el caso al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo.
Todo este asunto de las actas, que llevan tres meses en los juzgados, en sobres lacrados y bajo vigilancia, parece haber cobrado entidad propia al margen del caso de los ERE fraudulentos. Desde fuera se percibe como un pulso entre la magistrada y la Junta, un escenario contraproducente para el Ejecutivo porque la oposición (sobre todo el PP) aprovecha para acusarles de falta de colaboración con la justicia. Ayer mismo la portavoz del PP-A, Rosario Soto, se preguntaba por qué el presidente José Antonio Griñán "tiene tanto miedo" a que se conozca el contenido.
El conflicto de las actas se puede resumir como sigue: La jueza que investiga el fraude pidió revisar las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la última década para determinar hasta dónde llegaba la responsabilidad política en el caso ERE. Hasta ahora la Junta se lo ha impedido mediante un requerimiento de inhibición, alegando que la documentación es reservada y que Alaya no tiene competencias para levantar el secreto. Ese pulso entre el poder judicial y el ejecutivo sólo puede resolverlo una sección del Supremo y hasta que el asunto no llegue a sus manos, la investigación del caso ERE no puede avanzar.
Sin embargo, la jueza ha mantenido las actas bajo llave durante tres meses y aún no ha elevado el asunto al Alto Tribunal, a pesar de que la ley la obliga a hacerlo "con inmediatez". La Junta se lo ha requerido insistentemente y, hace un mes, decidió dirigirse directamente al Supremo para denunciar "la dilación" en este conflicto de competencias. El Alto Tribunal ya ha designado a un ponente para estudiar el conflicto.
La actitud de Alaya no ha sentado bien en las altas instancias del Gobierno andaluz, a pesar de lo cual se ha dado orden de mantener en todo momento un tono moderado respecto a la jueza. Ayer, la consejera de Presidencia y portavoz, Mar Moreno, volvió a descartar una recusación contra Alaya para apartarla del caso. "No tenemos intención de recusar a la jueza, todo lo contrario", dijo.
El auto de la Audiencia Provincial, fechado el 5 de julio, es muy crítico con la actuación de Alaya. Los jueces consideran que la medida cautelar de requisar las actas por sus sospechas a que la Junta las alterase no fue "necesaria ni proporcional". La Audiencia cree que el interés de la jueza por revisar los archivos para profundizar en su investigación está "justificado", pero sostiene que su "desconfianza" hacia el Gobierno andaluz se sustenta en una "mera hipótesis" y le reprocha que no haya argumentado más y mejor una medida tan drástica con la que, además, sugiere que la Junta incurre en un delito.
Moreno compareció ayer de urgencia para mostrar su "satisfacción" por el auto de la Audiencia, y para dejar clara la premura de la Junta por recuperar cuanto antes las actas. "El Gobierno andaluz está satisfecho porque nos reconozcan que somos un poder del Estado y que no hay ninguna razón para que se desconfíe de nosotros", dijo.
La consejera no esgrimió el auto como un triunfo contra la jueza, sino como una oportunidad para apuntalar el mensaje con el que lleva meses respondiendo a los duros escritos de Alaya: "Estamos en el mismo barco". "La Junta no se plantea confrontar con el juzgado. Esperamos que este auto abra un periodo de confianza y de colaboración", dijo. El Ejecutivo no le ha puesto un plazo a Alaya para que le devuelva las actas porque "sólo un juez de instrucción tiene potestad para marcar plazos".
Pleno en julio. La consejera también anunció ayer que durante el pleno extraordinario del mes de julio -en el que se aprobarán las leyes del Trabajo Autónomo y del Turismo- comparecerá la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para explicar la posición andaluza ante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reunión de la ministra de Economía con los consejeros de las 17 comunidades aún no tiene fecha cerrada. Aguayo acudirá a la cita para presentar su plan de estabilidad presupuestaria y explicar los conflictos de intereses que le separan del Estado (algunos de ellos en vía judicial). En el pleno también comparecerá el Consejo de Gobierno para abordar las perspectivas financieras y los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020.
La Junta de Andalucía ha cursado este jueves una solicitud al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde la juez Mercedes Alaya instruye el caso sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), para que ponga fecha para la devolución de las actas del Consejo de Gobierno que están custodiadas en dependencias judiciales a la sede del Ejecutivo autonómico.
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, que ha confirmado en rueda de prensa esa solicitud al juzgado, ha expresado la satisfacción del Gobierno andaluz por el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla por el que se ordena devolver a la Junta las actas de los Consejos custodiadas en sede judicial.
La Junta también ha solicitado al citado juzgado que eleve al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, todas las actuaciones en relación con las actas.
