El Gobierno andaluz vuelve a expropiar a los bancos las viviendas de familias que están a punto de ser desahuciadas. La llamada ley antidesahucios, aprobada hace dos semanas en el Parlamento con los votos de PSOE e IU, entró en vigor ayer, y de inmediato la Consejería de Fomento remitió un escrito a las ocho delegaciones territoriales para reactivar los 18 expedientes de expropiación iniciados con el decreto-ley, y que quedaron paralizados el pasado verano cuando el Gobierno central recurrió esta norma ante el Tribunal Constitucional. Para ejecutar la expropiación, las delegaciones provinciales debían remitir los 18 expedientes al BOJA.
DeEl PP andaluz ya ha anunciado que el Estado volverá a frenar las expropiaciones, ampliando aquel recurso contra la ley (que desarrolla los mismos contenidos que el decreto), pero la Junta no ha perdido un minuto para continuar por la senda marcada. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, reclama al Gobierno que convoque la comisión bilateral Estado-Junta de Andalucía para negociar los aspectos de la ley con los que discrepan, y que no se apresure a acudir de nuevo a los tribunales para dejar sin efecto la ley antidesahucios.
La norma establece sanciones a las entidades bancarias que posean casas vacías y la expropiación temporal de viviendas a aquellos bancos que estén a punto de desalojar a familias en riesgo de exclusión. Además se extiende el derecho de solicitar la expropiación a los autónomos que hayan avalado su negocio con su propia casa, y que estén en riesgo de perder su hogar a causa de la crisis. También beneficiará a las personas que hubieran avalado la hipoteca de un familiar con su propio piso y a los que firmasen hipotecas puente. El departamento de Elena Cortés asegura tener más de 520 solicitudes de familias en riesgo de ser desahuciadas, cuyas viviendas podrían ser expropiadas por el Gobierno andaluz.
La Junta, que está en plena elaboración de los Presupuestos autonómicos para 2014, prevé reservar una partida para el desarrollo de la ley (en el ejercicio actual hay consignados 38 millones de euros).
IU aprovechó ayer la entrada en vigor de la ley para lanzar una campaña en las redes sociales para difundir las medidas anti-desahucios y anti-especulación de la Ley de Vivienda, con motivo de su entrada en vigor.
Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional tiene que dirimir en estos momentos un recurso del Gobierno del PP contra la norma andaluza contra los desalojos, y también un recurso, recién admitido a trámite, que presentó el PSOE contra la también llamada Ley Antidesahucios del Ejecutivo de Rajoy. El tribunal admitió el argumento jurídico de que esta norma puede vulnerar los derechos de colecitvos especialmente sensibles, entre ellos los menores, puesto que la ley pone límites por edad (tres años) para las excepciones a los desalojos de viviendas en caso de impagos.
