Marbella ha recuperado la legalidad urbanística con su primer PGOU en 24 años. Después de un lustro de intenso trabajo para restaurar el orden en un municipio donde los desmanes urbanísticos han campado a sus anchas, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Cotua) dio luz verde ayer al documento que definirá el desarrollo de la ciudad en los próximos ocho años. El plan regulariza 16.500 viviendas ilegales de un total de 18.000. Quedan fuera, por tanto, otras 1.100 casas deshabitadas y 500 más habitadas que se reparten en tres promociones. La más numerosa es el Banana Beach, cuyos propietarios, que ayer volvieron a manifestarse, han luchado hasta el final para que se legalizaran sus apartamentos. Sobre este edificio pesa la única sentencia firme del Supremo que declara nula la licencia.
La aprobación de un PGOU por esta comisión pasa siempre desapercibida, pero la comparecencia del consejero, Juan Espadas, y de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, escenificaba la importancia de que un proceso "enormemente tortuoso", en palabras del titular de Vivienda y Ordenación del Territorio, haya llegado a buen puerto. "No ha sido fácil", insistió Espadas. Ha habido que actuar con urgencia para devolver la seguridad jurídica a una ciudad castigada por las tropelías desde la etapa de Gil. La operación Malaya destapó una trama corrupta que hizo que el ayuntamiento perdiera las competencias urbanísticas en 2006 a favor de la Junta. Tras las elecciones de 2007, que ganó la popular Ángeles Muñoz, el consistorio las recuperó y comenzó el trabajo conjunto con la consejería.
El PGOU había sido encargado por la Junta a un equipo de prestigiosos urbanistas dirigido por Manuel González Fustegueras. La alcaldesa tomó el testigo y el resultado de la colaboración institucional ha sido un planeamiento que prevé la construcción en ocho años de 26.477 viviendas, -9.459 serán VPO y vendrán a paliar el enorme déficit de pisos protegidos-. El plan general contará con una inversión de 1.823 millones de euros -el 57% es capital privado- y triplicará la superficie dedicada a zonas libres, sobre todo frente a la costa (reserva 3,66 millones de metros cuadrados a parques). Marbella se convierte, además, en la primera ciudad de la costa andaluza con más de 100.000 habitantes en aprobar un PGOU adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
futuro incierto. ¿Qué pasará ahora con las viviendas ilegales? El consejero quiso dejar claro que el PGOU "no es una condena de derribo" y que será el juez el que deberá decidir si hay que demoler. Además del Banana Beach, quedan sin regularizar bloques en Río Real y La Víbora. Espadas aseguró que esas casas "no quedarán desatendidas ni olvidadas" y se analizará "caso por caso" para buscarles una solución, siempre teniendo en cuenta que la última palabra será de los tribunales. A última hora se ha incluido en el plan general una recomendación para que en adelante se intente "conciliar" los derechos de los compradores de buena fe con el interés general. El consejero confió en que los jueces serán "sensibles" con los propietarios para que éstos sean finalmente compensados por quien los estafó.
Si se hubiera legalizado todo -explicó Espadas- provocaría una "inseguridad jurídica insostenible". Aunque ayer todo fueron piropos entre el consejero y la alcaldesa, ambos admitieron que entre ellos hubo serias "discrepancias" para sacar adelante el PGOU. El momento más delicado se vivió el pasado mes de julio. Días antes de que el ayuntamiento aprobara definitivamente el planeamiento, la alcaldesa planteó un pulso a la Junta con su intención de regularizar las 500 viviendas ilegales habitadas. La consejería le advirtió de que si modificaba el documento, la Junta lo anularía y devolvería a Marbella al limbo urbanístico. Muñoz renunció a su pretensión y el plan ha tenido un final feliz.
El ayuntamiento tendrá que hacer ahora algunas correcciones técnicas antes de enviar de nuevo el PGOU a la consejería para su aprobación definitiva y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). Este documento no sólo será un potente instrumento económico para Marbella, sino que devolverá la confianza a la cuna del turismo.
